Casación ratificó las condenas por la financiera ilegal CBI Cordubensis

El máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Alejandro W. Slokar y Javier C. Carbajo, rechazó por mayoría los recursos de Eduardo Daniel Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera y, en consecuencia, ratificó las condenas impuestas a la mega cueva –cuya crisis había producido un fuerte impacto en la política y en el empresariado de la provincia mediterránea. El juez Borinsky votó por la absolución.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto del juez Alejandro Slokar, quien lideró el acuerdo, consideró acreditado que los condenados integraron una organización criminal que operaba bajo la fachada de la firma CBI Cordubensis S.A., una cueva financiera que funcionaba como un banco paralelo, captando ahorros del público, otorgando préstamos, descontando cheques y realizando operaciones cambiarias, en donde además operaba el dinero negro de la política y la economía local.

El fallo destacó que la empresa “CBI Cordubensis” —que funcionaba en el shopping Dinosaurio Mall y en el centro de la ciudad de Córdoba— ofrecía servicios de alquiler de cajas de seguridad y consultoría financiera, mientras utilizaba esa actividad como pantalla para captar fondos de particulares, canalizar operaciones ilegales y evadir controles impositivos y financieros por sumas que alcanzaban los cientos de millones.

Todo comenzó cuando en el año 2014 fue encontrado el cadáver calcinado de uno de sus principales socios y vicepresidente Jorge Suau.

La primera condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Córdoba, el 29 de diciembre de 2021, por delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva agravada, entre otros, se estableció que la firma CBI Cordubensis S.A. mantenía relaciones contractuales y financieras tanto con la Municipalidad de Córdoba —en el marco del sistema Red Bus— como con distintos ministerios del Gobierno provincial.

Dichos vínculos formaban parte del entramado social y económico del establishment cordobés que permitió el funcionamiento de la financiera al margen de los controles legales.

La sentencia valoró que la estructura societaria sirvió como máscara para la comisión de múltiples delitos económicos y de “guante blanco”, al tiempo que sus integrantes simularon desvinculaciones formales con el fin de ocultar su participación tras la sanción de la ley que tipificó la intermediación financiera ilegal.

Asimismo, sostuvo que la operatoria afectó la confianza pública y el orden económico al poner en riesgo los ahorros de miles de clientes, quienes resultaron damnificados tras la caída de la firma en 2014.

Con esta decisión se confirmó la condena dictada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Carlos A. Mahiques contra Eduardo Daniel Rodrigo como jefe de la asociación ilícita, y de Ramírez, Ahumada, Altamirano y Tissera como miembros.

El fallo reafirma la responsabilidad penal por haber gestionado una entidad financiera clandestina que operó al margen de los controles estatales y sin la debida habilitación del Banco Central.

El fallo tuvo la disidencia del juez Borinsky, que resolvió en favor de los imputados. Mariano Borinsky, es quien preside la Comisión de la reforma penal anunciada días atrás por el Presidente de la Nación.

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