
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de militares implicados en la represión de la Contraofensiva montonera y enfatizó la importancia de proteger los archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos. En un fallo trascendental, el juez Alejandro Slokar destacó el rol central de la inteligencia del Ejército en la maquinaria represiva y de exterminio, y calificó las acciones como «una de las expresiones más letales y sanguinarias del régimen militar«.
La Sala II de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, ratificó las penas de prisión impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín entre 2019 y 2021. Entre los condenados se encuentran figuras clave del aparato represivo, como Luis Ángel Firpo y Marcelo Cinto Courtaux, quienes operaron desde el Batallón de Inteligencia 601 y el Destacamento 201 de Campo de Mayo.
En sus fundamentos, Slokar remarcó que los acusados «participaron de manera directa en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, garantizando tanto su impunidad como su eficacia operativa». Además, subrayó que la Contraofensiva montonera fue un blanco deliberado para desarticular cualquier resistencia al régimen dictatorial.

Asimismo, el juez no dudó en describir la estrategia de la dictadura como «una maquinaria de exterminio destinada a perseguir, torturar y aniquilar opositores políticos». Según el magistrado, el aparato de inteligencia fue crucial para implementar estos crímenes, que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
En una de las afirmaciones más contundentes, el Slokar señaló: «Los aportes de los acusados desde las estructuras de inteligencia no solo permitieron que estos crímenes ocurrieran, sino que fueron decisivos para consolidar el poder de la dictadura«. Además, hizo énfasis en el papel de los medios de comunicación durante la época, acusándolos de encubrir los delitos como parte de una estrategia psicológica del régimen.

El pedido de preservar los archivos
El fallo de Casación incluye un llamado explícito a resguardar toda la documentación relacionada con estos hechos históricos. «Es esencial que los tribunales garanticen la conservación y el acceso a los archivos, tanto para honrar la memoria de las víctimas como para asegurar la transparencia histórica», concluyó Slokar.
Este pedido surge en un contexto en el que las políticas del gobierno de Javier Milei generaron preocupación entre organismos de derechos humanos. La desarticulación de equipos de relevamiento documental y la inactividad de áreas clave en la Secretaría de Derechos Humanos representan riesgos significativos para la preservación de la memoria histórica.
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20 Febrero 2025