
El gobierno de Uruguay presentó un nuevo plan destinado a personas privadas de la libertad que estén próximas a salir de prisión. La propuesta busca que los detenidos comiencen un proceso de inserción laboral y social meses antes de recuperar la libertad, con el objetivo de disminuir la reincidencia delictiva.
El programa, denominado Libertad Segura, fue anunciado por la administración de Yamandú Orsi y tendrá una primera etapa piloto que alcanzará a 350 personas. Según datos oficiales, durante 2025 egresaron de las cárceles uruguayas más de 10.600 personas, un promedio de 31 liberados por día.
Desde el Ejecutivo señalaron que muchas de las personas que dejan el sistema penitenciario enfrentan dificultades para conseguir empleo, acceder a vivienda o reconstruir vínculos sociales, factores que aumentan el riesgo de volver a delinquir.
La iniciativa contempla que los internos seleccionados comiencen a recibir acompañamiento antes de abandonar la cárcel. Entre las medidas previstas aparecen la actualización de documentos personales, acceso a servicios de salud, programas sociales, formación laboral y ayuda para construir perfiles profesionales.
Además, el plan prevé boletos de transporte y un esquema de “empleo protegido” durante un año. En la etapa inicial, la Intendencia de Montevideo será una de las instituciones encargadas de incorporar trabajadores dentro de este proyecto.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró durante la presentación que el objetivo es generar herramientas concretas para cortar con los ciclos de violencia y exclusión.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, afirmó.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, explicó que el programa tiene como meta principal reducir los niveles de reincidencia.
El funcionario sostuvo que tres de cada diez personas liberadas vuelven a cometer delitos antes de cumplir seis meses fuera de prisión y que dos tercios reinciden antes de los tres años.
Arim también detalló algunos de los problemas que enfrentan quienes recuperan la libertad: ausencia de redes familiares de apoyo, falta de vivienda, escasas oportunidades laborales y exposición a organizaciones criminales.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, remarcó la necesidad de acompañar la transición fuera del sistema penitenciario.
“Donde el Estado no acompaña esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia por eso este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”, declaró.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, señaló que el proyecto también tendrá una perspectiva de género, debido a que las mujeres privadas de la libertad presentan necesidades específicas pese a representar cerca del 10% de la población carcelaria.
En tanto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó el valor del empleo en los procesos de reinserción.
“El trabajo no es solo un ingreso económico, organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida”, expresó.
NoticiasD
26 Mayo 2026