Senado: qué cambios propone la ley que elimina límites a la compra de tierras por extranjeros

El Senado de la Nación lleva adelante este jueves una sesión con una agenda cargada de temas económicos, judiciales e institucionales. Entre las iniciativas más relevantes figura una reforma vinculada a la protección de la propiedad privada que propone modificar las reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, agilizar procesos de desalojo en determinados casos y redefinir aspectos relacionados con expropiaciones e incendios rurales.

El oficialismo logró incorporar el proyecto al temario tras alcanzar acuerdos con bloques opositores considerados dialoguistas. Además, la Cámara alta debatirá una autorización para cancelar compromisos con acreedores externos y tratará decenas de pliegos para cargos en la Justicia.

Cambios en la compra de tierras por parte de extranjeros

La iniciativa impulsada por el Gobierno introduce modificaciones en la normativa vigente sobre tierras rurales. Entre los puntos centrales, elimina las restricciones cuantitativas que actualmente limitan la adquisición de inmuebles rurales por ciudadanos o empresas extranjeras.

De acuerdo con la propuesta, las provincias conservarán la autoridad sobre las operaciones realizadas dentro de sus territorios y deberán intervenir en las autorizaciones correspondientes cuando se trate de compradores extranjeros que no estén vinculados a gobiernos de otros países.

Sin embargo, el texto mantiene prohibiciones para que Estados extranjeros participen directamente en la compra de tierras. La restricción también alcanza a compañías, fondos fiduciarios u organizaciones donde un gobierno extranjero tenga influencia determinante en el capital o en las decisiones societarias.

Desalojos más rápidos para inmuebles usurpados

Otro de los aspectos destacados del proyecto establece procedimientos abreviados para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente. La modalidad de desalojo acelerado se aplicaría exclusivamente en casos de usurpación.

Para las controversias derivadas de contratos de alquiler, el esquema mantiene instancias previas de intimación. El propietario deberá notificar formalmente al inquilino sobre la deuda, utilizando los domicilios declarados en el contrato, incluidos los electrónicos.

Si la obligación no se regulariza dentro de los plazos previstos, el propietario podrá acudir a la Justicia para solicitar el desalojo mediante el trámite más rápido contemplado por la legislación vigente.

Nuevas pautas para las expropiaciones

La reforma también introduce cambios en materia de expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con fundamentos concretos que justifiquen la intervención estatal.

Además, se fijó un límite del 30% para las indemnizaciones vinculadas al lucro cesante, un punto que no tenía tope en la redacción original. Respecto de los intereses, la actualización combinaría la evolución del Índice de Precios al Consumidor con la tasa a treinta días del Banco Nación.

Modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego

La propuesta contempla la eliminación de las restricciones temporales que impedían modificar el uso de determinados terrenos rurales afectados por incendios.

En el caso de áreas agropecuarias, pastizales, praderas y zonas periurbanas, dejaría de existir la prohibición que impedía cambiar el destino de los predios incendiados.

Para los bosques nativos se mantendrían las limitaciones sobre cambios de uso, aunque se eliminaría el plazo de 60 años que actualmente fija la normativa.

Acuerdo con acreedores por más de 170 millones de dólares

La sesión también incluye el tratamiento de un proyecto impulsado por el Ministerio de Economía para habilitar el pago de acuerdos alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.

La iniciativa autoriza desembolsos por un total de 171 millones de dólares. El entendimiento contempla un pago de 67 millones para Bainbridge y otros 104 millones para Attestor.

Según la propuesta oficial, la cancelación de estas obligaciones permitiría cerrar litigios internacionales vinculados a deuda soberana y evitar posibles acciones judiciales sobre activos argentinos en el exterior.

El Gobierno busca obtener la aprobación legislativa antes del 30 de junio, fecha límite prevista para concretar los pagos acordados.

También se debatirán pliegos judiciales

Además de los proyectos económicos, el Senado prevé avanzar con la aprobación de 50 postulaciones para jueces, fiscales y defensores oficiales que ya cuentan con condiciones para ser tratadas en el recinto.

En paralelo, quedará para una próxima sesión el análisis de otros 23 pliegos, entre ellos el de Verónica Michelli. La agenda parlamentaria se completa con iniciativas para crear nuevas cámaras federales en las ciudades de Mar del Plata y Tucumán.