
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el Gobierno nacional y elaborado por el ministro de Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa reunió 138 votos afirmativos y avanzó al Senado para su tratamiento definitivo.
El proyecto propone derogar o modificar 70 leyes que el oficialismo considera obsoletas, inútiles, superadas por nuevas normativas o incompatibles con el actual esquema económico y administrativo impulsado por Javier Milei.
Cuando presentó la iniciativa en octubre de 2024, Sturzenegger sostuvo que muchas de las leyes vigentes generan burocracia innecesaria, restricciones a la actividad privada y obstáculos para el desarrollo económico.
Según explicó el funcionario, la intención consiste en reducir regulaciones estatales, eliminar organismos considerados innecesarios y simplificar normas que perdieron vigencia con el paso del tiempo o el avance tecnológico.
La denominada Ley Hojarasca incluye normas sancionadas entre 1864 y 2015, muchas de ellas vinculadas a controles estatales, subsidios, regulaciones culturales, estructuras burocráticas y programas que actualmente no tienen aplicación práctica.
Dentro del paquete aparecen leyes relacionadas con financiamiento estatal, turismo, medios de comunicación, cultura, infraestructura, salud, minería, transporte y actividades privadas.
Entre las modificaciones más destacadas figura la eliminación del financiamiento estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios.
El proyecto también apunta contra normas que el Gobierno considera restrictivas para la libertad individual o la propiedad privada.
En ese grupo aparecen leyes que obligaban a medios de comunicación a emitir contenidos turísticos, regulaciones sobre uso de mapas de Argentina, controles sobre reuniones públicas y disposiciones vinculadas a actividades culturales o musicales.
Además, el oficialismo busca derogar una ley de 1975 que otorgaba libre circulación y estacionamiento a diputados y senadores nacionales.
Otro de los puntos centrales involucra normas que el Gobierno considera obsoletas debido al avance tecnológico.
Entre ellas aparecen leyes vinculadas al uso obligatorio de microfilmaciones en documentación estatal, regulaciones sobre televisión color, controles para equipos de rayos X y beneficios para la explotación de carbón mineral.
El proyecto también incluye la derogación de leyes relacionadas con organismos o programas que ya no existen o dejaron de funcionar hace décadas.
Allí aparecen fondos especiales, programas de infraestructura, oficinas técnicas, sistemas portuarios y organismos creados durante gobiernos militares o administraciones anteriores que actualmente carecen de actividad.
Gracias a toda la Cámara de @DiputadosAR por aprobar la ley horajasca. Limpiar nuestro cuerpo normativo es fundamental. Gracias @laurmachado por tu compromiso para llevar esto a buen puerto. Gracias a todo el bloque y a @MenemMartin! Y gracias a todo el equipo de @MinDesreg_Ar… https://t.co/lDfGuCKGF0
&mdash Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 20, 2026
Otro eje importante de la Ley Hojarasca se concentra en la eliminación de trámites y estructuras administrativas consideradas innecesarias por el oficialismo.
Dentro de ese listado aparece una ley que obligaba a informar la interrupción de obras en construcción y otra que imponía autorizaciones estatales para transferencias tecnológicas o uso de marcas.
El proyecto también propone eliminar normas relacionadas con premios estatales, consejos consultivos, programas de juventud y cursos de formación turística dentro de la administración pública nacional.
Además, Sturzenegger cuestionó leyes vinculadas al sector cultural y al entretenimiento, como el sorteo organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales entre espectadores de cine y los subsidios especiales para artistas teatrales en servicios estatales.
La iniciativa también busca derogar regulaciones sobre palomas mensajeras, promoción de fertilizantes, apicultura y actividades náuticas, entre otras normas que el Gobierno considera “declarativas” o sin impacto concreto.
Dentro del paquete aparecen además leyes impulsadas durante gobiernos de facto, algunas de las cuales permitían controles sobre reuniones privadas, regulaciones de medios o internaciones obligatorias por enfermedades.
El oficialismo sostiene que esas normas contradicen principios constitucionales vinculados a la libertad individual y la actividad privada.
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá ser debatido ahora en el Senado, donde el Gobierno buscará obtener el respaldo necesario para avanzar con una de las iniciativas de desregulación más amplias impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Con información de NA
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20 Mayo 2026