Ley de emergencia en discapacidad: cambios en pensiones y pagos a prestadores hasta 2026

El Senado convirtió en ley la emergencia en materia de discapacidad, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 en todo el país. La norma apunta a resolver deudas históricas con los prestadores de salud y a mejorar las condiciones de quienes perciben pensiones no contributivas por discapacidad.

Uno de los puntos centrales establece la actualización de las prestaciones para compensar la pérdida de valor frente a la inflación acumulada desde 2023. Además, el Estado deberá cancelar la deuda existente con los prestadores y actualizar cada mes los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, tomando como referencia los índices del INDEC.

En cuanto a las pensiones, la ley fija que el monto será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También autoriza a los beneficiarios a trabajar, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.

El Poder Ejecutivo financiará una compensación de emergencia a los prestadores con recursos del Tesoro nacional. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el refuerzo fiscal necesario alcanzará entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevas altas que se registren, estimadas entre 493 mil y 946 mil personas.

La Agencia Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías bajo criterios de salud y situación socioeconómica, con procedimientos que garanticen transparencia, notificaciones claras y pleno acceso a la información por parte de los beneficiarios.

Por otra parte, los empleadores que contraten a personas con certificado de discapacidad en puestos permanentes estarán eximidos durante tres años del pago del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones.

Con esta ley, el Congreso busca dar una respuesta integral a un sector históricamente relegado, equilibrando el financiamiento del sistema y reforzando derechos básicos.