La Pampa presentó un amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares

El Gobierno de La Pampa presentó una acción de amparo ambiental colectivo contra la modificación de la Ley de Glaciares, con el objetivo de frenar su aplicación y proteger los recursos hídricos de la provincia. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de La Pampa, organizaciones sociales y referentes técnicos, y pone el foco en el impacto directo sobre el río Colorado y el derecho a un ambiente sano.

La presentación judicial ingresó en el Juzgado Federal de Santa Rosa y solicita, además, una medida cautelar para suspender la vigencia de la norma hasta que la Justicia analice su constitucionalidad. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que la reforma podría afectar el acceso al agua en el territorio pampeano, donde la disponibilidad del recurso depende de cuencas de origen glacial.

Fuerte preocupación por el impacto en el agua

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio oficial y cuestionó la norma sancionada por el Congreso nacional. El mandatario sostuvo que la modificación del régimen de protección de glaciares vulnera derechos ambientales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

Ziliotto remarcó que la provincia no cuenta con glaciares propios, pero depende de ríos que nacen en zonas cordilleranas. En ese contexto, alertó que cualquier cambio en la protección de esas fuentes puede reducir la cantidad y calidad de agua disponible en La Pampa.

El mandatario también destacó el rol estratégico del río Colorado, que abastece a una parte significativa de la población. Según explicó, el sistema de acueductos proyectado podría ampliar la cobertura del servicio en los próximos años, por lo que cualquier afectación al caudal del río impactaría de manera directa en miles de familias.

Argumentos legales y reclamo colectivo

La demanda plantea la inconstitucionalidad de la reforma y sostiene que la nueva norma viola el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú. Desde la Fiscalía de Estado indicaron que la modificación reduce el nivel de protección vigente y debilita el esquema de presupuestos mínimos ambientales.

La fiscala de Estado, Romina Schmidt, afirmó que el daño que podría generar la aplicación de la ley no resulta abstracto, sino concreto y medible en el territorio. En ese sentido, señaló que una disminución en la calidad o cantidad de agua afectaría tanto el consumo humano como la producción.

El planteo judicial también solicita que el Estado nacional se abstenga de aplicar la norma mientras dure el proceso. Además, pide mantener vigente el régimen anterior para evitar daños ambientales que podrían resultar irreversibles.

Apoyo institucional y defensa del ambiente

La iniciativa recibió el respaldo de distintos sectores de la sociedad pampeana. Desde la Universidad Nacional de La Pampa remarcaron su compromiso histórico con la defensa del agua y el ambiente, mientras que organizaciones como la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos destacaron la importancia de sostener políticas públicas orientadas al cuidado de los recursos naturales.

Referentes sociales y legislativos coincidieron en que la reforma prioriza intereses económicos por sobre el acceso al agua y la protección ambiental. En ese marco, advirtieron que la nueva normativa podría modificar criterios de uso del recurso hídrico y afectar el equilibrio entre desarrollo productivo y sustentabilidad.

Con esta acción judicial, La Pampa busca defender su modelo de gestión del agua y garantizar el acceso a un recurso esencial para su población. El avance del proceso marcará un precedente clave en la discusión sobre políticas ambientales y el alcance de las leyes nacionales en los territorios provinciales.

Foto: apn La Pampa