La Pampa apeló la reforma de la Ley de Glaciares y redobló la defensa ambiental

La provincia de La Pampa volvió a posicionarse en el centro del debate ambiental tras presentar una apelación contra el rechazo de la medida cautelar que buscaba suspender la reforma de la Ley de Glaciares. La nueva presentación judicial la impulsaron de manera conjunta el Gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, en una estrategia que apunta a sostener la protección de los recursos naturales y evitar modificaciones que, según sostienen, podrían generar consecuencias irreversibles para el ambiente.

El recurso ya ingresó para su tratamiento en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca y marca un nuevo capítulo en la disputa judicial que enfrenta a distintos sectores con los cambios introducidos en el régimen nacional de protección glaciar. Desde La Pampa consideran que la resolución del Juzgado Federal dejó de lado principios centrales del derecho ambiental y aplicó criterios ajenos a este tipo de causas.

La presentación judicial sostiene que el fallo rechazó la cautelar sin contemplar principios fundamentales como el precautorio, el preventivo y el de no regresión ambiental. Según argumentaron los demandantes, el análisis del juez no abordó la problemática desde una perspectiva ambiental integral y utilizó jurisprudencia vinculada a otras materias jurídicas que no guardan relación con el planteo realizado.

La Pampa insiste en frenar cambios que afectan la protección ambiental

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la apelación busca evitar retrocesos en materia ambiental y garantizar la protección de los recursos hídricos para las generaciones actuales y futuras. En ese sentido, sostuvieron que la reforma de la Ley de Glaciares debilita mecanismos de control que resultan fundamentales para preservar ecosistemas estratégicos.

La demanda cuestiona especialmente la pérdida de centralidad del Inventario Nacional de Glaciares y el debilitamiento del rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Además, advierte que la nueva normativa descentraliza decisiones sensibles y amplía márgenes de discrecionalidad para autorizar actividades que podrían impactar sobre áreas protegidas.

Los argumentos presentados por La Pampa sostienen que el problema no radica únicamente en un daño ambiental ya consumado, sino en la posibilidad concreta de habilitar actividades futuras bajo estándares ambientales menos exigentes. Según explicaron, esa flexibilización podría derivar en consecuencias difíciles o imposibles de revertir.

La Provincia también rechazó el criterio judicial utilizado para evaluar el “peligro en la demora”. El planteo sostiene que exigir un daño inmediato y plenamente probado contradice la lógica del derecho ambiental, ya que muchas veces las consecuencias aparecen cuando el deterioro resulta irreversible.

En la apelación remarcaron que esperar una sentencia definitiva sin adoptar medidas preventivas podría permitir autorizaciones o intervenciones capaces de afectar de manera permanente zonas protegidas por la legislación anterior.

El reclamo ambiental suma respaldo institucional y social

La presentación judicial refleja además una fuerte articulación entre organismos estatales, instituciones académicas y organizaciones ambientalistas pampeanas. La Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos acompañaron el recurso en defensa de una política ambiental más estricta.

En la provincia existe una histórica sensibilidad vinculada al cuidado del agua y de los ecosistemas naturales, especialmente por los antecedentes relacionados con conflictos hídricos y el impacto ambiental en distintas regiones pampeanas. Por eso, el debate sobre la Ley de Glaciares genera especial atención entre organizaciones sociales, especialistas y sectores vinculados a la defensa del ambiente.

La apelación también plantea que la reforma reduce la uniformidad de los presupuestos mínimos ambientales y desplaza hacia jurisdicciones locales decisiones clave sobre delimitación y protección glaciar. Según los demandantes, este cambio altera el sistema constitucional de tutela ambiental y genera incertidumbre respecto a futuros controles.

El escrito judicial insiste en que no se trata de una discusión política sino de un contraste concreto entre dos marcos normativos diferentes. Mientras el régimen anterior establecía criterios nacionales uniformes y técnicos, la nueva normativa, sostienen, flexibiliza controles y disminuye estándares de protección.

La Cámara de Bahía Blanca definirá el futuro de la cautelar

La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca deberá ahora analizar el recurso presentado por La Pampa y definir si corresponde revisar el rechazo de la cautelar. La decisión tendrá impacto no solo en la estrategia judicial provincial, sino también en el debate nacional sobre la protección ambiental y la regulación de actividades sobre zonas glaciares y periglaciares.

La cautelar impulsada por la Provincia busca suspender la aplicación de la reforma, impedir actos administrativos basados en la nueva normativa y mantener vigente el sistema de protección establecido por la Ley 26.639 hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Desde el Ejecutivo pampeano remarcaron que el objetivo central consiste en garantizar una protección urgente mientras avanza el proceso judicial. Además, insistieron en que la defensa del ambiente y del agua requiere decisiones preventivas y una mirada integral sobre los riesgos que podrían surgir a partir de cambios regulatorios.

Con esta nueva presentación, La Pampa refuerza su perfil como una de las provincias que mantiene una postura activa en defensa de los recursos naturales y del marco legal ambiental vigente.