La Justicia obligó al Gobierno a cumplir ya la ley de financiamiento universitario

La Justicia federal le ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de los salarios docentes y las becas estudiantiles. La resolución se conoció este martes y marcó un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario.

El fallo lo dictó el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número once, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto con otras entidades representativas de las universidades públicas. La demanda cuestionó la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la norma a la definición de fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

El alcance de la medida judicial

El magistrado declaró inaplicable el decreto setecientos cincuenta y nueve del año dos mil veinticinco en los aspectos que frenaban la ejecución de la ley veintisiete mil setecientos noventa y cinco. Según el fallo, esa medida del Gobierno aparece como arbitraria y contraria a la Constitución en esta etapa inicial del proceso.

Cormick sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras del Congreso, prevista en el artículo ochenta y tres de la Constitución Nacional, no corresponde admitir mecanismos que suspendan la promulgación y aplicación de la ley. En ese sentido, remarcó que el Poder Ejecutivo no puede introducir condicionamientos mediante normas de menor jerarquía.

Salarios, becas y derechos constitucionales

La resolución ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos cinco y seis de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva.

En los fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento del deber normativo genera perjuicios graves y de difícil reparación posterior, debido a la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del sector universitario. Además, señaló que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

Cormick también rechazó el argumento del interés público planteado por el Gobierno. Indicó que el deterioro salarial no solo afecta a los trabajadores universitarios, sino que impacta de manera directa en el derecho a enseñar y aprender. En ese marco, sostuvo que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia limitada, estimada en alrededor del cero coma veintitrés por ciento del producto bruto interno.

Advertencia sobre la división de poderes

El fallo cuestionó la conducta del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante un decreto. Si bien aclaró que la resolución no adelanta opinión sobre el fondo de la cuestión, el juez consideró acreditados los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la norma.

La decisión judicial reavivó el debate sobre el financiamiento del sistema universitario y reforzó el reclamo de las casas de estudio por recursos que garanticen su funcionamiento y la continuidad de derechos básicos para docentes y estudiantes.