La Justicia avanza y pide decomisar 141 inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La causa por defraudación contra la administración pública sumó un nuevo capítulo tras el pedido presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal número 2. Los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron el decomiso de un amplio conjunto de bienes vinculados a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la sentencia que ya quedó firme.

El planteo judicial incluye 141 inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y sumas depositadas en cajas de seguridad, entre ellos el departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Según detallaron los fiscales, los condenados aún no depositaron la suma de $684.990.350.139,86 fijada como reparación económica por el perjuicio causado al Estado. El plazo para cumplir con ese pago venció hace meses y, hasta el momento, no registró avances concretos.

Qué bienes incluye el pedido de decomiso

El requerimiento presentado ante el tribunal contempla la incautación de 13 inmuebles pertenecientes a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y otros 128 asociados a empresas y estructuras comerciales ligadas a Lázaro Báez. A ese listado se suman 46 vehículos y distintos activos financieros.

Entre los bienes también aparecen dólares estadounidenses 4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, además de dólares estadounidenses 992.134 ubicados en una cuenta bancaria y otros montos en pesos que forman parte del mismo expediente.

Los fiscales sostienen que los condenados mantienen una actitud destinada a demorar el recupero de activos ordenado por la Justicia y remarcaron que esa conducta contradice el principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento de una sentencia firme.

La investigación judicial determinó que muchos de los bienes se incorporaron durante el período en el que se desarrollaron las maniobras de fraude, comprendido entre 2003 y 2015, por lo que el tribunal considera que esos activos guardan relación directa con los delitos juzgados.

El rol de la Corte Suprema en la administración de los bienes

Tras distintas resoluciones judiciales, la Corte Suprema de Justicia asumirá la tarea de administrar y subastar los bienes decomisados, una vez que el tribunal avance con la ejecución definitiva de la sentencia.

El Ministerio Público Fiscal identificó al menos 122 propiedades como instrumentos o productos vinculados a las maniobras investigadas. La posterior venta de esos activos permitirá recuperar fondos destinados a resarcir al Estado por el perjuicio económico causado.

Inicialmente, la Justicia había fijado un monto de decomiso cercano a $84.835 millones, pero peritos contadores actualizaron la cifra conforme a parámetros técnicos y económicos, lo que elevó el total a más de $684.990 millones, monto que luego recibió aval judicial.

Impacto político y próximos pasos judiciales

El pedido de decomiso vuelve a ubicar el caso en el centro del debate político y judicial, ya que involucra bienes de alto valor y abre la puerta a futuras subastas públicas que podrían extenderse durante meses.

En los tribunales esperan nuevas resoluciones sobre la ejecución de bienes y sobre la modalidad que adoptará el proceso para garantizar transparencia y recuperar recursos estatales. Mientras tanto, la defensa de los involucrados mantiene distintas presentaciones judiciales que podrían generar nuevas instancias de discusión.

El avance del decomiso marca un punto clave dentro del expediente, ya que busca asegurar que los activos obtenidos durante los años investigados vuelvan al Estado. En paralelo, especialistas señalan que la complejidad del patrimonio involucrado exigirá una administración prolongada antes de concretar cada venta.

Con este escenario, la Justicia inicia una nueva etapa orientada a convertir en efectivo los bienes identificados y cerrar un capítulo central de una de las causas judiciales más relevantes de la política argentina en las últimas décadas.

Foto: Letra P