La Corte Suprema ratificó la cautelar que ordena al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar una queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa vinculada al financiamiento universitario y dejó firme una medida cautelar que ordena la aplicación de la ley impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La decisión del máximo tribunal también incluyó el rechazo de un pedido de excusación dentro del mismo expediente.

El fallo se conoció este jueves y se enmarca en el conflicto judicial por el Decreto 759/25, cuestionado por distintas universidades y organismos del sistema educativo. Con esta resolución, la Corte consolidó el criterio de instancias anteriores y sostuvo que el recurso extraordinario presentado por el Gobierno no cumplió con los requisitos formales necesarios para su tratamiento.

La Corte rechazó la queja del Gobierno y mantuvo la cautelar vigente

El máximo tribunal desestimó la presentación directa del Poder Ejecutivo Nacional al considerar que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable, tal como exige la normativa vigente.

En su resolución, la Corte también rechazó el pedido de excusación presentado en el expediente y ordenó continuar con el trámite judicial correspondiente. Además, intimó al Estado nacional a cumplir con el depósito previsto por la ley en el marco del proceso.

La causa tiene origen en una demanda iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, en la que se cuestiona la aplicación del Decreto 759/25 y su impacto sobre el financiamiento de las universidades públicas.

Un conflicto judicial que involucra al sistema universitario

El expediente comenzó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número once y luego pasó a la Sala tres de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde allí, el caso avanzó hasta la Corte Suprema, que ahora confirmó la vigencia de la cautelar.

El planteo del sistema universitario apunta a garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las instituciones educativas y asegurar la continuidad de programas académicos, de investigación y de asistencia estudiantil en todo el país.

El Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo en su presentación que las decisiones administrativas cuestionadas afectaban de manera directa el financiamiento del sistema universitario público y ponían en riesgo su normal funcionamiento.

La Corte reafirmó criterios procesales y sigue el expediente

En su resolución, el máximo tribunal remarcó que el recurso extraordinario presentado no cumplía con los requisitos procesales exigidos por la Ley cuarenta y ocho, lo que impidió su tratamiento en esta instancia.

Además, la Corte ordenó intimar al recurrente a cumplir con el depósito previsto en el artículo doscientos ochenta y seis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el marco del procedimiento judicial vigente.

Con esta decisión, el conflicto por el financiamiento universitario continúa su curso en la Justicia, mientras la cautelar que ordena la aplicación de la ley permanece firme y bajo supervisión judicial. El caso mantiene en el centro del debate la relación entre el sistema universitario público y el Poder Ejecutivo, en un contexto de discusión sobre el financiamiento de la educación superior en la Argentina.

Con información de C5N y NA