Repudian la acusación a 16 integrantes de comunidad indígena por conflicto de tierras

La comisionada municipal de la localidad de Caspalá, Rosa Apaza, junto a 15 integrantes de una comunidad indígena fueron imputados penalmente de los presuntos delitos de “daños, robo y usurpación” en el marco de un conflicto entre el Gobierno jujeño y comuneros por la utilización de un predio en el que se encuentran restos arqueológicos.

Las personas con causas tramitadas en la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria 1 de Humahuaca fueron notificadas este jueves y entre los imputados también se encuentran parte del gabinete de la actual Comisión Municipal de Caspalá.

El conflicto se mantiene desde noviembre del 2022 cuando los lugareños se alzaron contra la decisión del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de construir una escuela en un sitio cercano a un yacimiento arqueológico, que es considerado por los pobladores como su «único espacio comunitario».

La diferencia de posiciones derivó en ese momento en un avance policial que tuvo un saldo de varios heridos, al tiempo que se incrementaron las presentaciones en la Justicia local y federal contra el accionar de los uniformados.

Las actuales autoridades de la Comisión Municipal de Caspalá asumieron sus funciones el 10 de diciembre pasado y pertenecen a un signo político opositor al Ejecutivo provincial que encabeza, Carlos Sadir.

La abogada defensora del colectivo indígena, Silvana Llanes, explicó que el predio donde se encuentra ubicada la cancha del poblado, “pertenece a la comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá y no al Estado Provincial”.

“Ya lo dijo claramente la Justicia Federal. Esas tierras no pueden ser embargables ni enajenables. Por lo tanto, el Estado Provincial no puede arrogarse derechos que no tiene, utilizando las instituciones públicas para adulterar información y hacerse de territorios de comunidades originarias”, manifestó tras la acusación notificadas a los comuneros.

A su vez Amelia de Dios, abogada de los funcionarios de la Comisión Municipal, en la misma línea, expresó que “esta causa es sólo una demostración más del persistente hostigamiento a la comunidad”.

Sobre ese punto agregó que “ahora se suma un elemento que aumenta su gravedad, la persecución política a autoridades municipales de la localidad, elegidas por la voluntad popular y que llevan sólo un mes de gestión, iniciadas por el ex comisionado radical y el gobierno provincial, y dándole continuidad la justicia local, sin tener pruebas, porque básicamente no existen”.

“Esta situación demuestra que en Jujuy no existe seguridad jurídica, no se respetan las garantías constitucionales, y tampoco la división de poderes, ya que el poder judicial no es independiente, violatorio de nuestra Carta Magna”, manifestaron por su parte las comuneras a través de un comunicado.

Los denunciantes, son Natividad Apaza, excomisionado municipal, allegado al exgobernador, Gerardo Morales y opositor político a la actual gestión municipal, como también el Ejecutivo provincial.

Más adelante los comuneros imputados manifestaron que la Fiscalía de Estado de Jujuy, “tiene pleno conocimiento y ha sido notificada de la causa radicada en el Juzgado Federal de Jujuy N2: “Gerardo Rubén Morales/otros Robo, Usurpación, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de funcionario Público, Usurpación de Aguas y otros”.

La misma “ratificó la competencia federal y aseguro: ‘…que las tierras se encuentran en posesión del pueblo Kolla de Caspalá, las cuáles, conforme la normativa citada dichas tierras resultan ser inembargable e inejecutable’, ‘…que lo que se encuentra afectado en el caso, son garantías constitucionales y convencionales, denunciadas como no respetadas”, finalizaron.

Fuente: Télam