Inician un sumario contra el excanciller Bustillo por negarse a declarar en la investigación sobre Marset

La Cancillería de Uruguay resolvió abrir un sumario administrativo contra el exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo luego de que se negara en dos oportunidades a prestar declaración en el marco de la investigación interna vinculada a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. La decisión contempla además su separación del cargo y la retención del 50% de su salario.

La resolución fue firmada por el actual canciller, Mario Lubetkin, y se adoptó tras constatar que Bustillo no colaboró con las instancias convocadas por las autoridades encargadas de la investigación administrativa.

Aunque dejó la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores tras el cambio de gobierno, Bustillo continúa formando parte del servicio diplomático uruguayo debido a su condición de funcionario de carrera. En la actualidad cumple tareas en comisión como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola.

La investigación sobre la expedición del pasaporte a Marset continuó dentro de la órbita de la Cancillería aun después de la salida de Bustillo de la cartera. En ese contexto, el exjerarca fue citado para brindar su versión de los hechos ante los responsables del expediente.

Según surge de la resolución oficial, fue convocado en dos ocasiones para comparecer. Sin embargo, rechazó participar de ambas instancias. En la última citación, además de negarse a declarar, solicitó expresamente que dejaran de contactarlo por teléfono.

Esa actitud fue considerada por las autoridades como un elemento suficiente para avanzar con la apertura formal del sumario administrativo, una medida que implica el apartamiento preventivo de sus funciones mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

El caso se enmarca en las repercusiones que aún genera la entrega de la documentación uruguaya a Marset, un episodio que provocó fuertes cuestionamientos políticos y derivó en diversas investigaciones para determinar eventuales responsabilidades dentro del Estado uruguayo.