Informe final del Consejo de Mayo: el PDF completo de las reformas de Milei

El documento de 73 páginas traduce los diez compromisos del Pacto, impulsando cambios estructurales en áreas como el gasto público, la educación y la modernización del empleo.

Informe final del Consejo de Mayo: el PDF completo de las reformas de Milei

El Informe final del Consejo de Mayo, emitido el 9 de diciembre de 2025, recopila el análisis y las propuestas legislativas clave generadas a partir del Pacto de Mayo, que sirvió como hoja de ruta para el trabajo técnico. El Consejo, presidido por Manuel Adorni y conformado por vocales como Alfredo Cornejo, Carolina Losada y Cristian Ritondo, desarrolló un trabajo participativo enfocado en transformar los diez compromisos iniciales en un conjunto coherente de reformas de Milei. Aunque el rol del Consejo es consultivo, las propuestas adjuntas son las del Poder Ejecutivo, nutridas por las discusiones internas.

Las bases del cambio: propiedad y Equilibrio fiscal innegociable

El documento enfatiza que la inviolabilidad de la propiedad privada es la esencia de una sociedad libre y próspera. Se advierte que el marco regulatorio argentino se ha convertido en un obstáculo para este derecho, ejemplificado por la "fatídica ley de alquileres" y la maraña de normas que limitan la libertad individual.

Para reforzar la propiedad, se proponen diversas reformas normativas. En la Ley de Expropiaciones (N.º 21.499), se busca asegurar que la indemnización se pague al valor de mercado, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), utilizando tasaciones independientes para evitar la arbitrariedad estatal. Respecto a los procesos de desalojo, se amplía la legitimación activa para permitir la inmediata entrega del inmueble (en un plazo de cinco días) cuando se trata de tenedores precarios, intrusos o usurpadores, con la simple presentación del título de propiedad. Además, para fomentar la inversión, se plantea modificar la Ley de Tierras N° 26.737, liberando la compra por parte de privados extranjeros, aunque la adquisición por entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa.

En materia de equilibrio fiscal, el Consejo considera que este objetivo es el pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica. La propuesta legislativa central es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Esta ley exige que el Presupuesto General de la Nación proyecte equilibrio o superávit, prohibiendo expresamente los déficits financieros. Para asegurar la disciplina, se incluyen sanciones penales:

“Si un político se ve obligado por la restricción de presupuesto equilibrado a rechazar distintos reclamos y, como resultado, pierde el cargo, eso puede ser lamentable, pero no produce un daño nacional. En cambio, si se le permite complacer su sociabilidad habitual y evitar decir ‘no’, la nación socava tanto su prosperidad como su libertad."

El proyecto sanciona con prisión (de uno a diez años) a los funcionarios que incrementen gastos sin contar con recursos acreditados o que ordenen emisión monetaria violando la Carta Orgánica del Banco Central. Además, para las provincias, se sugiere un acuerdo "a la Maastricht" que impida autorizar endeudamiento a aquellas jurisdicciones que mantengan déficit primario.

Modernización laboral y educativa

El diagnóstico del Consejo de Mayo sobre el mercado laboral es contundente: la informalidad supera el 50% persistentemente y los costos asociados son excesivos, resultando en que el salario de bolsillo sea, en promedio, solo el 60% del costo laboral total que asume el empleador.

La reforma laboral moderna aborda tres falencias: la alta carga fiscal, los altos costos de entrada y salida, y la rigidez de las negociaciones.

Entre las iniciativas clave se encuentra la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año, que reduce las contribuciones patronales para el nuevo empleo durante los primeros 48 meses. Un eje principal es el fin del principio de ultractividad de los convenios colectivos, obligando a renegociar acuerdos, muchos de los cuales datan de 1975. Además, se busca descentralizar la negociación: los convenios por empresa, regionales o provinciales tendrán prioridad sobre los nacionales, una medida que busca alinear los salarios con la productividad regional.


En materia de educación, se busca afrontar una "profunda crisis" evidenciada en que el 54.9% de los estudiantes de 3º grado de primaria no alcanzan los niveles de lectura esperados. El Proyecto de Ley de Libertad Educativa declara a la educación básica como servicio esencial, lo que implica garantizar la continuidad mínima del servicio aun en caso de conflicto laboral. La propuesta también ratifica la centralidad de la familia como agente primario en la educación y su derecho a elegir la educación que más se ajuste a sus convicciones. Se impulsa el fortalecimiento de la evaluación educativa y la autonomía pedagógica y curricular de las instituciones.

Apertura comercial y recursos estratégicos

El informe califica a Argentina como el país más cerrado del mundo en relación con su tamaño económico. La apertura al comercio internacional es presentada como un imperativo, especialmente ante el boom de las capacidades exportadoras en sectores como Vaca Muerta, ya que "para mantener competitivas el resto de las industrias necesitaremos abrir fuertemente la economía".

El Consejo de Mayo impulsa la ratificación e implementación de tratados internacionales clave para la inserción global. Entre ellos, se destaca la urgencia de aprobar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), del cual Argentina es uno de los pocos países que no forma parte. Su ratificación permitiría que el conocimiento argentino se proteja, valorice y proyecte internacionalmente, beneficiando a la industria y a la comunidad científica.

En cuanto a la explotación de recursos naturales, se avalan iniciativas para eliminar las trabas que han llevado a la pérdida de oportunidades, comparando el bajo desempeño argentino en minería y salmonicultura con países vecinos como Chile. Las propuestas incluyen modificar la Ley de Glaciares para definir de forma más precisa el área periglacial y reducir la burocracia en las zonas forestales de menor valor de conservación (categoría III o "verde"). Además, se exhorta a los gobernadores a eliminar las leyes de "compre provincial" y los regímenes de cupos obligatorios de mano de obra local, ya que encarecen y rigidizan los proyectos productivos de alto impacto.

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10 Diciembre 2025