
La provincia de Entre Ríos contará por primera vez con un Defensor Público de las Víctimas. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el pliego de Juan Ignacio Lazzaneo, actual juez de Ejecución de Penas de Concordia, para ocupar el cargo con asiento en territorio entrerriano. La designación formó parte de un paquete de 74 nombramientos judiciales tratados por la Cámara alta.
La creación efectiva de esta figura representa un avance institucional para la provincia, ya que hasta ahora el cargo permanecía vacante pese a estar previsto en el esquema federal de protección y asistencia a víctimas de delitos.
La misión principal del Defensor Público de las Víctimas es brindar asistencia técnica, patrocinio jurídico y acompañamiento a personas afectadas por delitos de especial gravedad durante todo el proceso penal. El objetivo es garantizar que las víctimas cuenten con representación legal gratuita y acceso efectivo a la justicia.
El cargo está contemplado en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que establece mecanismos de protección, asistencia interdisciplinaria y representación jurídica para quienes hayan sufrido delitos graves.
Juan Ignacio Lazzaneo es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y cuenta con una trayectoria vinculada al sistema judicial entrerriano. Se desempeñó como defensor público en distintas jurisdicciones de la provincia y desde 2021 ocupa el cargo de juez de Ejecución de Penas en Concordia. Además, posee especializaciones en derecho penal, ejecución penal y derecho penitenciario.
Su candidatura fue impulsada tras un proceso de selección que incluyó audiencia pública en el Senado y el correspondiente acuerdo legislativo solicitado por el Poder Ejecutivo Nacional.
La designación de Lazzaneo cubre una vacante considerada estratégica dentro del sistema de justicia federal y responde a una demanda de larga data en Entre Ríos. La incorporación de esta figura permitirá fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y garantizar un acompañamiento especializado en causas penales complejas.
Con la aprobación del Senado, Entre Ríos suma una herramienta institucional clave para mejorar el acceso a la justicia y consolidar un sistema que contemple de manera integral las necesidades de quienes resultan afectados por delitos.
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