
El Senado de la Nación vivió este jueves una jornada clave en el escenario político argentino, cuando la oposición logró reunir los votos suficientes para dejar sin efecto los vetos que el presidente Javier Milei había impuesto a dos leyes de alto impacto social: la declaración de la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario. La decisión no solo representa un duro revés para el Poder Ejecutivo, sino también un gesto de unidad entre las principales fuerzas opositoras, que encontraron en estos proyectos un punto de coincidencia frente al oficialismo.
En la sesión, los senadores insistieron en la sanción de ambas iniciativas, lo que obliga al gobierno a promulgarlas de manera inmediata. La emergencia pediátrica, centrada en el fortalecimiento del Hospital Garrahan y en el refuerzo de la atención infantil en todo el país, obtuvo 59 votos afirmativos. En tanto, el financiamiento universitario alcanzó 58 apoyos. En ambos casos, los votos negativos provinieron del bloque de La Libertad Avanza, acompañado por algunos aliados del PRO.
El debate en el recinto se desarrolló en un clima cargado de tensión. La oposición logró mostrar cohesión, mientras que el oficialismo quedó aislado en la defensa de los vetos. Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero, senadores cercanos a La Libertad Avanza, se sumaron a las negativas, pero el resto de la Cámara optó por priorizar la continuidad de los programas sociales vinculados con la salud y la educación.
Hubo abstenciones que también marcaron posiciones intermedias. Tres senadores del PRO —Alfredo de Angeli por Entre Ríos, María Victoria Huala por La Pampa y Martín Goerling por Misiones— decidieron no pronunciarse en ninguna de las votaciones. A su vez, la radical Carolina Losada, representante de Santa Fe, se abstuvo únicamente en el tratamiento de la ley universitaria.
El rechazo a los vetos dejó al descubierto la distancia entre el gobierno nacional y gran parte del Congreso, una brecha que crece en cada debate y que complica la capacidad de la Casa Rosada para imponer su agenda legislativa. La decisión también abrió un nuevo capítulo en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las provincias, ya que varios senadores provinciales fueron determinantes en la votación.
La ley de financiamiento universitario tiene un carácter estructural. Su texto, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, establece una actualización de las partidas presupuestarias a partir del 1 de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, dispone aumentos bimestrales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor durante todo 2025 y contempla una recomposición salarial mensual para docentes y no docentes. También se destinan fondos específicos para hospitales universitarios y proyectos de ciencia y tecnología.
El debate sobre esta norma estuvo atravesado por la denuncia de un fuerte recorte en el presupuesto educativo. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la previsión para 2025, incluso con los aumentos decretados por el Ejecutivo, representa el nivel más bajo de las últimas dos décadas, con una caída real del 32% respecto a 2023. La aprobación de la ley, entonces, busca garantizar el funcionamiento básico de las universidades públicas y sostener el acceso a la educación superior gratuita.
En paralelo, la emergencia pediátrica apunta a reforzar el sistema sanitario destinado a la niñez. La norma autoriza una asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas, insumos críticos, mantenimiento de edificios y equipamiento en hospitales pediátricos de todo el país. También incluye la recomposición inmediata de los salarios de profesionales de la salud y residentes, además de eximir del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias. Otro punto central es la posibilidad de realizar compras directas de insumos esenciales a través de mecanismos especiales previstos en la Ley de Emergencia Pública.
Con este doble rechazo a los vetos, la oposición en el Senado envió un mensaje político directo al presidente Milei. Más allá del contenido de las leyes, el gesto expuso la dificultad del Ejecutivo para construir consensos y mostró la decisión de los bloques opositores de marcar límites cuando se trata de políticas públicas sensibles.
El gobierno deberá ahora promulgar ambas normas, un hecho que impacta en el diseño de su plan de ajuste fiscal y que lo obliga a destinar recursos adicionales para salud y educación. Mientras tanto, la tensión entre el oficialismo y el Congreso promete escalar en los próximos meses, en un escenario donde cada sesión legislativa se convierte en un terreno de disputa central para el rumbo del país.
NoticiasD
2 Octubre 2025