El Gobierno lanza plan para movilizar dólares ahorrados y reactivar la economía

Ante la demora en la llegada de capitales extranjeros, el Ejecutivo nacional prepara el lanzamiento de un nuevo esquema de blanqueo de capitales, que busca incentivar el uso de dólares guardados en cajas de seguridad y otros mecanismos de resguardo informal. El objetivo principal es acelerar la circulación de dinero en la economía y fomentar el consumo.

Este paquete de medidas, que genera gran expectativa y también polémica, sería dado a conocer este jueves.

Según fuentes oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, confía en que, si logra motivar a los ahorristas a destinar parte de sus reservas personales a la compra de bienes como vehículos, propiedades, electrodomésticos o viajes al extranjero, se podría imprimir un mayor dinamismo a la actividad económica.

En marzo, la economía mostró señales de desaceleración, con una caída en relación al mes anterior. Aunque desde el Gobierno aseguran que no se trata de una situación crítica, admiten que se necesitan estímulos adicionales para alcanzar la meta de un crecimiento del 6% anual.

El plan incluirá una serie de normativas emitidas por ARCA, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), con el fin de reducir las exigencias vinculadas a la justificación de la compra de divisas.

Además, se enviará al Congreso un proyecto de ley que buscará modificar tanto la Ley Penal Cambiaria como el Procedimiento Tributario, con el fin de flexibilizar su aplicación.

Entre las novedades destacadas, se contempla una reforma del Impuesto a las Ganancias que simplificaría la presentación de declaraciones juradas para empleados en relación de dependencia.

Asimismo, se elevará el umbral a partir del cual se exige justificar el origen de los depósitos en dólares, llevándolo por encima de los 100.000 dólares. Con esto, las entidades financieras no estarán obligadas a emitir reportes de operaciones sospechosas ni ARCA iniciará acciones penales, siempre que no se supere ese nuevo límite.

Otra medida prevista es la flexibilización de los reportes exigidos a registros automotores, escribanos, contadores y otros profesionales, con montos de declaración significativamente más altos que los actuales.

Por último, se eliminará el sistema de cruzamiento de datos electrónicos de operaciones relevantes conocido como CITI, lo que también apunta a reducir el control sobre ciertas transacciones de gran volumen.

Conferencia del vocero presidencial Manuel Adorni y del Equipo Económico

Adorni presentó el lanzamiento del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, una iniciativa orientada a reestructurar las políticas de control fiscal y financiero que, según el Gobierno, han sido utilizadas de manera persecutoria en el pasado.

El presidente Javier Milei firmará un decreto que introduce cambios en las regulaciones actuales, lo que obligará a la Unidad de Información Financiera (UIF) a adecuar su normativa al nuevo marco establecido.

La Argentina es uno de los países que más se empobreció en las últimas décadas", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni al presentar las nuevas medidas económicas. En su discurso, sostuvo que el país también se convirtió en uno de los lugares donde el ahorro está más criminalizado.

Según Adorni, esta situación es resultado de una larga serie de desmanejos económicos protagonizados por la dirigencia política, que —dijo— transformaron a la Argentina en un país donde "ganar plata estaba mal visto e incluso podía ser peligroso".

El vocero apuntó contra "la política", a la que responsabilizó por alimentar un Estado sobre dimensionado, con un gasto creciente que avanzó sobre los ingresos de los ciudadanos a través de una alta carga impositiva. En ese sentido, explicó que la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal generó una inflación cada vez más elevada, mientras que el sistema tributario no actualizaba los topes ni los mínimos no imponibles al mismo ritmo, lo que —según señaló— terminó obligando a muchas personas a pagar impuestos que originalmente no les correspondían."

Manuel Adorni también se refirió al control de cambios que estuvo vigente hasta diciembre de 2023, calificando la medida como "una aberración". En sus declaraciones, expresó: "Tuvimos cepo cambiario durante casi diez años, colocando a las personas que querían comprar más de 200 dólares para ahorrar al mismo nivel que un delincuente como Al Capone". Recordó además “la imagen de la calle Florida, con perros y fuerzas de seguridad persiguiendo a la gente de bien”, mientras —afirmó— “los corruptos y amigos de la vieja política gozaban de impunidad".

El vocero también criticó la política fiscal de los últimos años, que, según su análisis, derivó en que "el 50% de la economía terminara siendo informal" y en un Estado que operaba "como un Gran Hermano", vigilando las transacciones de los ciudadanos "como si fueran criminales que merecían castigo".

Adorni cuestionó las que consideró “prácticas ridículas” impuestas por la normativa vigente. “El Estado obligaba a los bancos a informar todas las extracciones de efectivo y a los comercios a reportar compras de cualquier tipo", dijo, subrayando que esta supervisión resultó en un despilfarro de recursos "por vigilar a una persona que solo llenaba el chango en el supermercado o se compraba una licuadora".

En ese marco, mencionó que la Unidad de Información Financiera (UIF) registraba tantas operaciones “presuntamente sospechosas” que, según indicó, sólo contaba con los recursos suficientes para auditar el 0,34% de ellas.

Adorni calificó esta situación como un “acto de locura colectiva de la política” y aseguró que se había violado el principio de inocencia consagrado en la Constitución. Finalmente, cerró su intervención afirmando que, con los cambios impulsados por el Gobierno, “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA (la Agencia de Recaudación de la República Argentina) demuestre lo contrario".

Medidas del Gobierno para fomentar el uso de dólares

Después de varias semanas de especulaciones, el gobierno de Javier Milei confirmó las medidas destinadas a reactivar el uso de los llamados "dólares del colchón" — los ahorros no declarados de los argentinos — con el objetivo de "remonetizar" la economía nacional.

 Las medidas incluyen una serie de derogaciones de regímenes de información y modificaciones en las normativas fiscales, las cuales son las siguientes:

1. Derogación de los regímenes de información: Se eliminan los mecanismos mediante los cuales comercios y profesionales debían remitir información sobre las operaciones de los ciudadanos a la Agencia de Recaudación de la República Argentina (ARCA).
2. Eliminación del CITI de los escribanos: El régimen de información relacionado con las escrituras notariales también quedará derogado.
3. Régimen informativo sobre compraventa de vehículos usados: Las operaciones de compra y venta de autos no serán más reportadas a ARCA.
4. Eliminación del régimen de pago de expensas: Las expensas de los consorcios ya no serán informadas a ARCA.
5. Código de Transferencia Inmueble: A partir de ahora, el vendedor o el agente inmobiliario no estará obligado a reportar a ARCA cuando ponga en venta una propiedad.
6. Régimen informativo de consumos relevantes de servicios públicos: Los proveedores de servicios como electricidad, agua, gas y telefonía ya no deberán informar estos consumos a ARCA.

Modificaciones en los reportes bancarios:

1. Los bancos dejarán de informar a ARCA sobre transferencias y acreditaciones bancarias menores a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
2. Las extracciones en efectivo, que anteriormente se informaban desde cualquier monto, ahora solo deberán ser reportadas si superan los 10 millones de pesos para personas físicas y jurídicas.
3. Los saldos bancarios al último día del mes, que antes eran informados si superaban los $700.000 o $1 millón, se elevarán a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
4. Modificaciones en las transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Las transferencias que superen los $2.000.000 ahora solo deberán ser reportadas si superan los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Estas medidas buscan flexibilizar el uso de los ahorros no declarados y reducir la carga burocrática sobre los ciudadanos, en un intento por reactivar la economía.