Ecuador endurece medidas de seguridad y declara un nuevo estado de excepción en gran parte del país

El Gobierno de Ecuador volvió a recurrir a herramientas excepcionales para enfrentar la escalada de violencia vinculada al crimen organizado. El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que establece un estado de excepción por un plazo de 60 días en diez provincias y tres cantones, ante lo que las autoridades calificaron como una situación de “grave conmoción interna”.

La medida alcanza a amplias zonas del territorio ecuatoriano, principalmente en la región costera, aunque también incluye provincias de la Sierra y la Amazonía. Según informó el Ejecutivo, la decisión responde al aumento de hechos violentos registrados durante las primeras semanas de junio, atribuidos a organizaciones criminales y grupos armados que operan en distintas partes del país.

Qué facultades otorga el nuevo decreto

Entre los principales alcances de la disposición se encuentra la suspensión de los derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. De esta manera, las fuerzas de seguridad podrán realizar procedimientos inmediatos cuando existan sospechas de que en determinados inmuebles se esconden integrantes de organizaciones delictivas.

El decreto también habilita actuaciones especiales en casos donde se presuma la presencia de armas, explosivos, municiones o sustancias sujetas a control estatal. Asimismo, las autoridades podrán recopilar y analizar información considerada clave para anticipar riesgos y neutralizar posibles amenazas a la seguridad pública.

De acuerdo con el Gobierno, estas herramientas buscan fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad frente al avance de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos.

Las provincias y cantones incluidos en la medida

El estado de excepción regirá en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Azuay, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Además, la disposición abarca a los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal, considerados por las autoridades como zonas sensibles debido a la actividad de grupos vinculados al crimen organizado.

El Gobierno argumenta un aumento de la violencia criminal

El decreto presidencial sostiene que entre el 1 y el 12 de junio se produjo un incremento relevante de ataques armados y otros episodios delictivos que generaron preocupación social en distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron que delitos como homicidios, asesinatos, secuestros extorsivos, robos y actividades relacionadas con el narcotráfico “continúan produciendo una conmoción social, reflejando desasosiego e intranquilidad”, además de impactar sobre el desarrollo normal de la actividad económica.

En ese contexto, el Ejecutivo consideró necesaria la participación de las Fuerzas Armadas mediante mecanismos extraordinarios para reforzar las tareas de seguridad y contribuir a reducir el clima de incertidumbre que atraviesan numerosas comunidades ecuatorianas.