Diputados dio media sanción al aumento de fondos para universidades nacionales en Argentina

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general un proyecto de ley que actualiza y amplía el financiamiento destinado a las universidades nacionales. La iniciativa recibió 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, en una sesión atravesada por el debate sobre el futuro del sistema universitario argentino.

El proyecto ahora pasará al Senado, donde se prevé un escenario favorable para su aprobación final. Esta perspectiva se apoya en la tensión entre el oficialismo y un grupo de gobernadores que se mostraron dispuestos a acompañar medidas con amplio consenso parlamentario.

El texto fue elaborado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y logró respaldo de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la Izquierda y Democracia para Siempre. El objetivo principal consiste en elevar el presupuesto universitario al 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

Además, el proyecto contempla la asignación de fondos especiales para crear carreras estratégicas y reabrir las paritarias con docentes y no docentes. Entre los puntos centrales del dictamen se establece una recomposición presupuestaria entre mayo y diciembre de 2024. A partir de enero, se prevé una actualización bimestral de acuerdo al índice de inflación.

Las autoridades universitarias podrán utilizar estos recursos para sostener el funcionamiento de facultades, hospitales universitarios, actividades científicas, técnicas y de extensión.

En relación con los salarios, el texto propone compensar la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley. También establece actualizaciones bimestrales que no podrán ubicarse por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Otro artículo plantea que, durante 2025, las sumas no remunerativas y no bonificables deberán incorporarse al salario básico, conforme al convenio colectivo vigente.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá a su cargo el control administrativo externo de las universidades de gestión estatal. El organismo deberá remitir al Congreso los informes correspondientes, junto con un plan de seguimiento y evaluación.