Adorni y su esposa se sumaron al régimen de "Inocencia Fiscal"

La Justicia espera informes clave para definir los próximos pasos en las causas que involucran al jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en los últimos días la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por la Ley 27.799. El trámite quedó registrado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se concretó mientras continúan las investigaciones judiciales vinculadas a la evolución patrimonial del matrimonio.

Desde el entorno del funcionario nacional sostienen que la incorporación al esquema tributario no implica la exteriorización de fondos ni la regularización de activos no declarados. Según explicaron, la decisión responde a una modalidad que busca simplificar la presentación de información fiscal y agilizar la confección de las declaraciones impositivas.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete remarcaron que la adhesión no será utilizada para declarar dinero mantenido fuera del sistema financiero. Además, señalaron que parte de los recursos empleados para la adquisición de bienes inmuebles tendría como origen inversiones realizadas en criptomonedas.

Qué implica el Régimen Simplificado de Ganancias

La normativa permite a determinados contribuyentes acceder a un sistema más sencillo para la liquidación del impuesto a las Ganancias. Bajo esta modalidad, gran parte de la información utilizada para calcular el tributo surge de los datos que ya posee el organismo recaudador.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo principal es reducir la carga administrativa de los contribuyentes y acelerar la presentación de las declaraciones correspondientes. En ese sentido, desde el Gobierno rechazaron las interpretaciones que vinculan automáticamente la adhesión con mecanismos de blanqueo de capitales.

Entre los beneficios previstos aparece el denominado "tapón fiscal", una herramienta que limita la posibilidad de revisiones sobre determinados períodos fiscales anteriores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

La declaración jurada y el avance de la causa judicial

Mientras se aguarda la presentación de su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025, la situación de Adorni continúa bajo análisis en la Justicia federal.

La investigación busca determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda ser justificado a partir de los ingresos declarados por el funcionario. Para ello, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan informes técnicos que permitirán profundizar el análisis de sus movimientos financieros.

Uno de esos estudios está siendo elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que revisa ingresos, deudas, gastos, operaciones inmobiliarias y otros movimientos económicos relevantes. El informe podría quedar concluido entre fines de junio y las primeras semanas de julio.

Si de ese análisis surgieran inconsistencias patrimoniales, la fiscalía podría avanzar con un requerimiento formal para que el jefe de Gabinete explique el origen de determinados fondos utilizados en distintas operaciones.

Propiedades, viajes y criptomonedas bajo la lupa

Entre los aspectos que forman parte de la pesquisa aparecen la compra y remodelación de un semipiso en el barrio porteño de Caballito y una vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz. Los investigadores también analizan la adquisición de una camioneta, diversos viajes realizados dentro y fuera del país y una deuda declarada por más de 335.000 dólares.

Otro de los focos de atención se concentra en los activos digitales. La Justicia ya incorporó información sobre movimientos y billeteras virtuales vinculadas al funcionario, aunque busca determinar si existen otras tenencias que aún no fueron identificadas.

Otra causa vinculada a un viaje en avión privado

De manera paralela, Adorni también figura en una investigación relacionada con un viaje realizado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.

La causa analiza la relación del funcionario con el periodista Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. Según consta en el expediente, el traslado se efectuó en un avión privado cuyos costos habrían sido afrontados por particulares.

El jefe de Gabinete aseguró públicamente haber abonado la parte que le correspondía del viaje y deberá presentar la documentación respaldatoria ante la Justicia. Mientras tanto, los investigadores aguardan nuevos informes sobre comunicaciones y movimientos vinculados a ese episodio para definir cómo continuará la causa.

Fuente: Infobae

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10 Junio 2026