Amnistía Internacional alerta por censura y cierre del espacio cívico en el ámbito cultural

El espacio cívico en Perú atraviesa un proceso de cierre progresivo que impacta no solo en periodistas y activistas, sino también en el ámbito cultural y artístico. Así lo advirtió Amnistía Internacional en su informe “El arte y las memorias que el Perú quiere borrar”, donde documenta diversas formas de censura y restricciones a la libertad de expresión.

Según el reporte, estas prácticas no son hechos aislados, sino que responden a un patrón que limita la circulación de discursos críticos y dificulta el debate público sobre temas sensibles, como las violaciones de derechos humanos. Entre las medidas identificadas figuran la cancelación de exposiciones, la eliminación de obras y la imposición de trabas administrativas que fomentan la autocensura.

Uno de los casos mencionados es el retiro de dos obras del concurso “Puno en el Bicentenario, identidad y cultura” en 2024, que abordaban la represión durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Las piezas fueron excluidas de una muestra prevista en la Biblioteca Nacional del Perú sin explicaciones formales, en un contexto de presiones institucionales.

El informe también señala dificultades en la difusión del documental Uyariy, dirigido por Javier Corcuera, que recoge testimonios sobre la represión en Juliaca el 9 de enero de 2023. Aunque no hubo una prohibición explícita, cambios en su programación limitaron su acceso al público, especialmente en regiones vinculadas a los hechos.

Otro episodio destacado es la eliminación reiterada de murales en memoria del artista Mauricio Ruiz, conocido como Trvko, fallecido en 2025 durante una protesta. Las intervenciones artísticas fueron borradas sin aviso previo en el distrito de La Victoria, en un contexto de presencia policial y denuncias de hostigamiento administrativo.

Asimismo, el informe analiza tensiones en torno al funcionamiento del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, donde se registraron cancelaciones de actividades vinculadas a la memoria histórica tras cambios en la conducción institucional. También menciona controversias sobre el monumento El Ojo que Llora, símbolo del recuerdo de las víctimas del conflicto armado interno.

Para Amnistía Internacional, estas situaciones reflejan una ampliación del cierre del espacio cívico hacia el ámbito cultural, afectando la pluralidad de voces y el derecho a la memoria. En ese sentido, la organización instó al Estado peruano a garantizar la libertad de expresión artística y a evitar interferencias en la circulación de obras por razones de contenido.

Además, recomendó al Congreso abstenerse de aprobar normas que puedan restringir de manera ambigua o desproporcionada este derecho, y pidió asegurar que los espacios culturales públicos funcionen bajo criterios de pluralismo, acceso y no discriminación.