El sistema judicial paraguayo enfrenta numerosos casos en los que los implicados, mayormente figuras políticas, no enfrentan avances significativos. Uno de los más destacados es el del senador Hernán David Rivas, quien enfrenta cargos por la presunta elaboración y utilización de documentos públicos falsificados. Se sospecha que presentó un título de abogado falso para obtener un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, incluso llegando a presidir dicho órgano, donde sus limitaciones fueron evidentes. Aunque aún no se han impuesto medidas legales, la audiencia se vio frustrada con la recuperación de sus fueros. A pesar de ello, la resolución se derogo y el juzgado debe re programarla.

Por otro lado, el caso del asesinato del fiscal Antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido hace dos años en Colombia, sigue sin avances significativos en Paraguay. Mientras que en Colombia, los sospechosos ya se condenaron, los investigadores sostienen que la orden para el asesinato provino de Paraguay.

La voz del fiscal general

Cuando se le preguntó al fiscal general, Emiliano Rolón, sobre el caso, expresó que incluso «Mandrake» tendría dificultades para resolverlo. Posteriormente, el Gobierno de Estados Unidos decidió intervenir para resolver el caso y no descarta la posibilidad de extraditar a los detenidos. Rolón justificó la lentitud en el avance de la investigación argumentando que la viuda de Pecci, Claudia Aguilera, se ha negado a entregar su teléfono.

En respuesta, el abogado de la familia señaló que la Fiscalía cuenta con los recursos necesarios para solicitar una «copia espejo» a los fiscales de Colombia. Otro caso que continúa sin avances es el del senador Erico Galeano, quien enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza. Galeano ha recusado al fiscal Silvio Corbeta, encargado de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero. La Fiscalía tiene como plazo hasta el 24 de mayo para presentar el requerimiento conclusivo.

Durante uno de los allanamientos realizados en la ciudad de Altos, se encontró una factura de la ANDE a nombre del legislador colorado. En las primeras investigaciones, las autoridades confirmaron que la propiedad había pertenecido a Galeano y que este no la había incluido en su Declaración Jurada de Bienes.

Según las investigaciones, esta propiedad se utilizó en una operación de compraventa simulada, sin dejar constancia de que el verdadero propietario sería Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico.

Insfrán es el único procesado beneficiado con prisión domiciliaria y además, tiene permiso para asistir a las sesiones del Congreso.

Corrupción

Los casos de corrupción que involucran a políticos han causado un enorme daño patrimonial al Estado, alcanzando la descomunal suma de G. 9.148.585.268.332 millones. Un ejemplo es el caso del ex gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, quien enfrenta cargos por lesión de confianza y un supuesto daño patrimonial de más de G. 5 mil millones.

Por otro lado, el ex fiscal general, Francisco Díaz Verón, absuelto de los cargos que enfrentaba por un presunto daño patrimonial.

Recientemente, la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por corrupción durante la pandemia. En otro caso, el empresario Justo Ferreira hallado culpable de contrabando en el caso de Insumos Médicos (Imedic) y recibió una condena leve de tres años de cárcel.

Además, está el caso de Miguel Cuevas, ex diputado que causó un perjuicio patrimonial al Estado por más de G. 5 mil millones y también se condeno.

Nepobabies

La Coordinadora de Abogados ha denunciado casos recientes de nepotismo en la función pública. Uno de ellos es el caso del hijo de la diputada Roya Torres, Elías Torres, quien ejerce como asesor parlamentario a pesar de tener solo 20 años.

La denuncia se centra en el presunto cobro indebido de honorarios y la investiga el fiscal Diego Arzamendia de la unidad 13. Otro caso similar involucra a la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Montserrat Alliana, también acusada de cobro indebido, y su caso también está en manos del mismo fiscal. Se ha informado que ella recibe más de G. 18 millones en Diputados. En cuanto al hijo del senador Silvio Ovelar, también enfrenta acusaciones por cobro indebido de honorarios, siendo el único que ha renunciado a su cargo.