Las reformas propuestas por el consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS), que incluyen cambios en el cálculo para la jubilación y la implementación de un examen de admisión para los trabajadores, han generado controversia en la opinión pública. Estas reformas se basan en el esfuerzo de los aportantes, pero no abordan la mejora de la eficiencia del servicio de salud y jubilación.

El IPS cuenta con considerables fondos y un patrimonio que incluye diversos bienes, pero estos no se pueden utilizar fácilmente ni generan rentabilidad. A pesar de esto, históricamente ha habido un equilibrio en el fondo de jubilaciones y pensiones, con rentas que han alcanzado para pagar a los pasivos. La reserva actual asciende a G. 2.460 mil millones, resultado de la renta de los bancos y de los aportes obrero-patronales.

Modificaciones

Sin embargo, las modificaciones propuestas, como extender el período de cálculo para la jubilación a los últimos 10 años de trabajo, podrían perjudicar a los trabajadores que aportan al sistema. Estas medidas han generado preocupación entre la población y han sido objeto de debate en diversos espacios públicos y medios de comunicación.

“Pero a mayo ya gastamos más de USD 51 millones mensuales y desde 2020 el dinero de los aportes no alcanza, entramos en desequilibrio, porque en promedio solo ingresa mensualmente USD 47/48 millones”, indicó, al tiempo de especificar que el año pasado se usó un 28% ya de la renta de las reservas, y resulta muy peligroso si esto se sostiene en el tiempo.

Vanessa Cubas explicó que, además de utilizar la renta de la reserva, se está perjudicando al sistema de capitalización colectiva con fondo de reserva. Detalló que no todos los ingresos al IPS van destinados al fondo de jubilación y pensiones, ya que hay regímenes especiales, como el de docentes y el del Ministerio Público, que no aportan para la jubilación pero sí para la salud. Estos suman alrededor de 200 mil personas.

Por otro lado, mencionó que el IPS cuenta con 900 mil activos, mientras que los jubilados y pensionados son alrededor de 80 mil. Sumando a los miembros del grupo familiar que también están protegidos, el sistema abarca a más de 1.5 millones de personas. Esto significa que el IPS alcanza al 56% de la población económicamente activa.