
El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, respondió a la denuncia penal presentada en su contra y aseguró que detrás de la acusación existe un trasfondo relacionado con desacuerdos salariales dentro del Legislativo. El senador sostuvo que el funcionario que promovió la causa estaba molesto por no haber recibido incrementos similares a los obtenidos en administraciones anteriores.
La presentación fue realizada por el abogado y funcionario parlamentario Francisco Rubén Penayo Almada, quien acusó al titular del Senado de presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios. El expediente quedó a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Frente a esta situación, Núñez defendió públicamente su gestión y cuestionó con dureza al denunciante. Según afirmó, Penayo ingresó al Congreso sin concurso público tras una designación impulsada por la bancada de Avanza País en 2016.
“Él entró sin concurso, nombrado a pedido de la bancada de Avanza País en 2016. Denunció una cuestión que él mismo no puede explicar”, afirmó.
El senador también apuntó contra la situación administrativa del funcionario y de su entorno familiar. En ese sentido, señaló que Penayo nunca presentó declaraciones juradas y mencionó además el cargo que ocupa su esposa dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
“Su señora trabaja como secretaria general en el Ministerio de Desarrollo Social, cobra G. 33 millones y también entró sin concurso”, señaló.
Durante la conferencia de prensa, el presidente del Congreso insistió en que actuó de manera correcta desde que asumió al frente del Poder Legislativo y remarcó que colaborará con la investigación judicial.
“Creo que hemos accionado correctamente en estos casi dos años que estoy como presidente del Congreso, pero tampoco voy a aceptar que mancillen mi nombre”, expresó.
Además, Núñez aseguró que el propio denunciante recibió mejoras salariales durante distintos periodos dentro del Congreso. Según indicó, Penayo pasó de percibir G. 6 millones a G. 16 millones mensuales, mientras que la última recategorización otorgada bajo su presidencia fue de G. 500.000.
“La última recategorización fue en mi periodo y fue de G. 500.000. Evidentemente se enojó porque en otros periodos tenía grandes aumentos y esta es la forma de extorsionar”, lanzó.
El titular del Senado también rechazó las acusaciones vinculadas a presuntas contrataciones masivas y al cobro de bonificaciones dentro de la estructura parlamentaria.
Por último, confirmó que designó al abogado Óscar Tuma para asumir su defensa legal en la causa abierta por el Ministerio Público.
“Yo me voy a defender con la Justicia y con la verdad”, afirmó.
NoticiasD
12 Mayo 2026