
El Gobierno de Córdoba y más de 230 intendentes y jefes comunales de distintos espacios políticos salieron a cuestionar el proyecto impulsado por la Nación que busca modificar el régimen de subsidios al gas conocido como Zona Fría. La iniciativa nacional encendió alarmas en la provincia por el impacto que podría tener en miles de hogares durante el invierno.
El gobernador Martín Llaryora encabezó una reunión en el Centro Cívico junto a representantes de los 13 departamentos alcanzados actualmente por el beneficio. Allí, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó un documento conjunto para rechazar la propuesta legislativa que ya ingresó al Congreso.
Desde la administración provincial sostuvieron que una eventual eliminación o reducción del beneficio implicaría aumentos de entre el 42 y el 100 por ciento en las facturas de gas. “Es un golpe directo al bolsillo de más de 600 mil familias cordobesas”, remarcaron.
Actualmente, unas 688 mil familias cordobesas reciben descuentos en sus tarifas de gas. Según datos oficiales, alrededor de 280 mil hogares cuentan con una bonificación del 30 por ciento, mientras que otras 408 mil familias acceden a rebajas del 50 por ciento por encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Durante el encuentro, Llaryora destacó el acuerdo alcanzado entre dirigentes de distintos partidos para rechazar la medida nacional. “Córdoba muestra que se puede llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Acá no promocionamos la grieta, hoy demostramos que podemos tener puntos de conexión más allá de los partidos políticos”, afirmó.
El mandatario provincial también cuestionó el criterio utilizado por el Gobierno nacional para revisar el esquema de subsidios. “Qué legislador cordobés puede votar algo que perjudique a dos millones de habitantes. Dicen que Córdoba no es zona fría los invito a que vengan a las Altas Cumbres o a San Agustín con temperaturas de 6 grados bajo cero a ver si no hace frío”, expresó.
Además, recordó que la incorporación de Córdoba al régimen fue producto de años de reclamos y negociaciones. “Nos sacaron el transporte y la energía, y ahora pretenden eliminarnos este beneficio de un plumazo”, agregó.
La propuesta del oficialismo nacional apunta a reemplazar el criterio geográfico y climático por un esquema focalizado únicamente en hogares con ingresos por debajo de tres canastas básicas. De avanzar esa modificación, gran parte de la clase media cordobesa quedaría afuera del subsidio.
Los departamentos alcanzados por el régimen y que podrían verse afectados son:
La resolución firmada por Provincia y municipios advirtió además que eliminar el criterio territorial podría profundizar desigualdades y agravar situaciones de pobreza energética, especialmente entre jubilados, trabajadores y sectores vulnerables.
El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, explicó que el documento se elaboró luego de escuchar a los intendentes del sur provincial. “De sancionarse esta ley perderían un beneficio vital”, sostuvo.
También alertó sobre el impacto en las economías familiares. “Si hacemos un recuento de lo ocurrido con el aumento de tarifas, una familia que el año pasado pagaba una determinada tarifa pasaría a pagar ahora más del doble”, afirmó.
Por su parte, el intendente de Almafuerte y titular del Foro de Intendentes Radicales, Rubén Dagún, destacó el acompañamiento provincial y el consenso político alcanzado. “La Provincia sostiene una postura clara: el progreso es con los ciudadanos adentro”, señaló.
En la misma línea, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, remarcó que el beneficio fue resultado de “mucho tiempo de lucha” y pidió sostener una política de equidad tarifaria.
Mientras tanto, desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), el vocal Walter Scavino cuestionó el argumento fiscal utilizado por Nación. “La situación es triste, porque hay una gran contradicción del Gobierno nacional, porque plantea que esto se hace en función del equilibrio fiscal”, manifestó.
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