Tierra del Fuego apeló el fallo que frenó la elección de convencionales constituyentes

El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una apelación contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que anuló el Decreto Nº 751/26, norma mediante la cual se había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto de 2026. Desde el Ejecutivo sostienen que la resolución judicial contradice la legislación vigente, desconoce decisiones previas del Superior Tribunal de Justicia y genera incertidumbre sobre un proceso institucional que ya se encontraba en marcha.

La controversia gira en torno al proceso de reforma de la Constitución provincial, una iniciativa que busca habilitar el debate ciudadano sobre posibles modificaciones a la Carta Magna fueguina mediante la elección democrática de convencionales constituyentes.

Según la presentación realizada por el Gobierno provincial, el fallo cuestionado no cuenta con fundamentos jurídicos suficientes para justificar la anulación de la convocatoria electoral y produce efectos que impactan directamente sobre el funcionamiento institucional de la provincia.

La apelación solicita la intervención urgente de la Cámara correspondiente para revertir la medida y permitir la continuidad del cronograma electoral previsto para agosto.

El Gobierno cuestiona la interpretación judicial sobre la convocatoria

Uno de los principales argumentos del recurso presentado por el Ejecutivo se centra en la interpretación realizada por la jueza electoral respecto de una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según sostiene el Gobierno fueguino, la magistrada consideró que esa presentación justificaba la nulidad del decreto de convocatoria, pese a que la normativa nacional establece expresamente que dicho recurso no suspende ni paraliza los procesos en curso.

La apelación recuerda además que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ya se había pronunciado sobre la cuestión de fondo, validando la Ley Provincial Nº 1529, levantando la medida cautelar que había suspendido el proceso electoral y ordenando una nueva convocatoria.

Posteriormente, el máximo órgano judicial provincial también rechazó el Recurso Extraordinario Federal presentado sobre el caso, consolidando la vigencia de la decisión adoptada en la jurisdicción local.

Desde el Ejecutivo remarcan que al momento de firmarse el Decreto Nº 751/26 no existía ninguna medida cautelar vigente, suspensión judicial ni resolución emanada de la Corte Suprema que impidiera avanzar con la convocatoria electoral.

Por ese motivo, consideran que la anulación del decreto carece de respaldo legal y altera el normal desarrollo de un procedimiento institucional ya habilitado por las máximas autoridades judiciales de la provincia.

La defensa de la autoridad del Superior Tribunal de Justicia

Otro de los puntos centrales de la apelación se relaciona con la defensa de la autoridad institucional del Superior Tribunal de Justicia.

El Gobierno entiende que el fallo del Juzgado Electoral termina revisando, reinterpretando y modificando los efectos de una sentencia emitida por el máximo órgano judicial fueguino, situación que considera incompatible con el orden jurídico provincial.

En el escrito presentado se destaca que la legislación vigente establece que los pronunciamientos del Superior Tribunal constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los jueces y tribunales de Tierra del Fuego.

Desde esta perspectiva, permitir que una resolución de una instancia inferior deje sin efecto práctico una decisión previamente adoptada por el máximo tribunal provincial implicaría una alteración del sistema de jerarquías institucionales previsto por la Constitución.

El recurso también señala que el decreto de convocatoria fue notificado hace más de 30 días y que, desde entonces, distintos poderes e instituciones provinciales avanzaron con acciones vinculadas al proceso electoral, fortaleciendo la legitimidad y vigencia de la convocatoria.

Preocupación por el impacto institucional y democrático

La apelación advierte además sobre las consecuencias institucionales que podría generar la sentencia si se mantiene vigente.

Según sostiene el Ejecutivo provincial, la nulidad declarada afecta directamente un proceso electoral ya iniciado y genera incertidumbre sobre una instancia considerada estratégica para el futuro institucional de Tierra del Fuego.

El Gobierno argumenta que aceptar que una simple presentación ante la Corte Suprema tenga capacidad para paralizar automáticamente decisiones firmes adoptadas por la Justicia provincial podría afectar principios esenciales del sistema democrático.

Entre esos principios menciona la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional, la autonomía provincial, la división de poderes y el respeto por el federalismo.

Asimismo, sostiene que la controversia involucra derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, ya que la elección de convencionales constituyentes constituye el mecanismo previsto para que la sociedad participe de manera directa en el debate sobre una eventual reforma constitucional.

Para el Ejecutivo fueguino, la discusión trasciende la validez administrativa de un decreto y se proyecta sobre la capacidad de las instituciones provinciales para desarrollar con normalidad procesos electorales respaldados por leyes vigentes y decisiones judiciales firmes.

Mientras la Cámara analiza la apelación presentada, el futuro de la elección de convencionales constituyentes permanece en el centro del debate político e institucional de Tierra del Fuego, una definición que podría resultar determinante para el rumbo de la reforma constitucional impulsada en la provincia.