Río Cuarto cerró el año con un récord de egresados en una diplomatura clave contra la violencia de género

La ciudad de Río Cuarto volvió a convertirse en un polo central para la formación en políticas de género. Allí concluyó una nueva edición de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género, una propuesta impulsada por la Secretaría de la Mujer que atraviesa su séptimo año consecutivo con una participación que no deja de crecer.

En esta oportunidad, el programa reunió a 28.000 estudiantes de distintos países, lo que consolidó su alcance provincial, nacional e internacional. Ese crecimiento se sintió con fuerza en Río Cuarto, donde completaron el cursado 900 personas, más del doble de los 380 egresados que se habían registrado en 2024. “Este año fue una verdadera explosión en la matrícula”, destacó la delegada de la Secretaría de la Mujer en la ciudad, Adriana Oviedo.

La propuesta —gratuita y abierta a toda la comunidad— funciona de manera simultánea en 135 sedes distribuidas en Argentina, América Latina y España. Estudiantes del nivel secundario, integrantes de organizaciones territoriales, profesionales de diversas áreas y personas con título universitario participan del programa, que incluso acredita como posgrado para quienes ya cuentan con formación de grado.

En Río Cuarto, uno de los puntos donde la demanda más creció, cerca de 200 docentes provinciales eligieron asistir de forma presencial, motivados también por la posibilidad de sumar puntaje dentro del sistema educativo. La funcionaria remarcó que el respaldo académico de la diplomatura se apoya en instituciones como la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Siglo 21.

Además del aval universitario, la formación cuenta con el acompañamiento de organismos internacionales como ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias a su enfoque integral, la diplomatura permite además cumplir con la capacitación obligatoria prevista por la Ley Micaela para agentes públicos provinciales y municipales.

Oviedo hizo hincapié en el reconocimiento internacional que la propuesta obtuvo este año, cuando fue distinguida por ONU Mujeres y otras entidades como una herramienta fundamental para fortalecer la prevención y el abordaje comunitario de la violencia de género, un logro que también impulsa su expansión y consolidación en la región.