Revés del Gobierno en la Corte: rechazaron un reclamo por el reparto de alimentos

La Corte Suprema rechazó un planteo del Gobierno nacional vinculado al reparto de alimentos destinados a comedores comunitarios y mantuvo vigente la obligación del Ministerio de Capital Humano de presentar un plan concreto de distribución. El caso había llegado al máximo tribunal a través de una queja impulsada por Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del organismo, con patrocinio del abogado Rodolfo Barra.

La presentación buscó dejar sin efecto la resolución dictada por tribunales federales de Comodoro Py, que ordenaron diseñar un esquema de entrega de mercadería para evitar desperdicios y garantizar el acceso a la asistencia alimentaria. Desde el Ejecutivo sostenían que la medida significaba una intromisión judicial sobre competencias exclusivas del Poder Ejecutivo.

La controversia se originó tras la suspensión de la entrega de alimentos en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre. En paralelo, el dirigente social Juan Grabois promovió una denuncia penal y una acción judicial para exigir la distribución del stock. Investigaciones periodísticas denunciaron la existencia de cerca de cinco millones de kilos de alimentos almacenados en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, incluyendo partidas de leche próximas a su vencimiento.

Medidas judiciales

Durante la instrucción, la fiscal Paloma Ochoa reclamó acciones inmediatas y exigió que los productos llegaran a comedores habilitados. El juez federal Sebastián Casanello afirmó que la decisión final sobre el destino de los alimentos corresponde al Poder Ejecutivo, pero ordenó la elaboración de un plan detallado que contemplara tipo de mercadería, cantidades disponibles, fechas de vencimiento y población destinataria. Además, solicitó un informe completo del stock en un plazo de setenta y dos horas.

Gianni apeló la resolución y cuestionó públicamente la intervención judicial. En la audiencia ante la Cámara Federal se produjeron cruces que motivaron un pedido de sanciones tanto para ella como para Grabois. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron la cautelar y señalaron que el Ministerio pudo solicitar una prórroga para cumplir, pero optó por formular nuevos recursos basados en la supuesta intromisión judicial.

Decisión de la Corte

El Ministerio de Capital Humano acudió luego a la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó la presentación. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja por inadmisible, con fundamento en el artículo doscientos ochenta del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La resolución dejó firme la orden judicial y reforzó la obligación del Gobierno de garantizar un esquema transparente de distribución de los alimentos destinados a los sectores más vulnerables.

Foto: La Nación