República Dominicana: autoridades deben garantizar y respaldar la defensa frente al racismo

Este 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, Amnistía Internacional instó a las autoridades de República Dominicana a cumplir con sus compromisos internacionales y garantizar el derecho de las personas a defender los derechos humanos sin sufrir discriminación, especialmente aquellos que luchan contra el racismo estructural en el país. En este sentido, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó:

“Las autoridades deben actuar de manera firme ante las crecientes amenazas contra las personas defensoras de los derechos de migrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes. De lo contrario, estas amenazas podrían culminar en violencia física y en el silenciamiento definitivo de una parte de la sociedad civil dominicana.”

Las autoridades dominicanas deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones que violan los derechos humanos y que perpetúan el racismo estructural, creando un entorno propicio para la discriminación. Esto incluye asegurar el derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana que quedaron en situación de apatridia tras la sentencia del Tribunal Constitucional (168-13) en 2013, así como poner fin a la política migratoria racista basada en expulsiones colectivas de personas haitianas y el perfilamiento racial contra personas negras.

Además, las autoridades deben abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra migrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y defensores de sus derechos. Esto implica reconocer las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos derivadas de una política migratoria discriminatoria, y dejar de señalar a la población migrante haitiana como responsable de la crisis en los servicios públicos como la educación y la salud.

La falta de garantías y medidas de protección que permitan a las personas defender los derechos humanos, el contexto de ataques contra los defensores y el entorno de racismo estructural resultan en discriminación racial indirecta, limitando el acceso a la justicia para las víctimas de racismo y discriminación. El Estado tiene la obligación de tomar medidas efectivas de protección, garantizar el acceso a la justicia y la reparación, y cooperar con organizaciones para prevenir la discriminación racial.

"Las políticas racistas del gobierno han validado un ambiente de terror. En los bateyes, comunidades de migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, se vive bajo el miedo constante a los operativos migratorios. Hemos recibido testimonios dolorosos de personas que, incluso con documentación regular, temen buscar atención médica o ir a trabajar por el temor de ser detenidos", comentó Ana Piquer.

Desde finales del año pasado, el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOTSCHA) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaron ataques a sus sedes, mientras que medios de comunicación y la organización Participación Ciudadana reportaron incidentes similares. Mientras crecen las concentraciones que promueven discursos racistas y xenofóbicos, las personas defensoras de la justicia racial han expresado su temor de que las amenazas digitales o verbales que han recibido puedan convertirse en agresiones físicas.

Las autoridades también limitaron la libertad de expresión en espacios públicos basándose en prejuicios racistas. Este 8 de marzo, la policía interrumpió un acto público por el Día Internacional de la Mujer, confundiendo una expresión sincrética de la cultura nacional de la República Dominicana con una canción en lengua criolla.

Además de restringir de manera injustificada la libertad de reunión pacífica de las manifestantes, esta intervención constituyó una violación de los derechos culturales basada en estereotipos raciales vinculados al idioma, reflejando el estigma contra la cultura haitiana y las personas percibidas como aliadas de los haitianos. Las autoridades deben facilitar, en lugar de restringir, las reuniones pacíficas contra la discriminación en espacios públicos, y garantizar que los operativos policiales se realicen sin prejuicios raciales.

Al respecto, Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, expresó: “El gobierno tiene la obligación internacional de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos de cualquier ataque, incluyendo a quienes se oponen a la política migratoria racista en República Dominicana. No cumplir con esta obligación sentaría un peligroso precedente para la libertad de expresión de todas las personas en el país.”

Finalmente, las amenazas y agresiones dirigidas contra personas defensoras de derechos humanos deben ser investigadas de forma independiente, imparcial y sin discriminación, incluyendo la consideración de posibles motivaciones basadas en prejuicios. Solo mediante la acción decidida del Estado, la implementación de medidas preventivas y de protección, así como la condena pública de estos hechos, se podrá garantizar que no se repitan.

Amnistía Internacional recibió reportes que indican que las denuncias presentadas ante la Procuraduría General y la Policía Nacional no estarían siendo tratadas con la debida diligencia. En muchos casos, el avance de las investigaciones depende únicamente del esfuerzo de las propias personas defensoras afectadas, lo que refuerza la desprotección y la impunidad.

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de la República Dominicana para que implemente con urgencia medidas reforzadas que aseguren el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos sin discriminación, en particular para quienes combaten el racismo y la discriminación racial.