Renunció el ministro de Defensa de Perú por disputa sobre compra de aviones F-16

El ministro de Defensa de Perú, Carlos Díaz, presentó su renuncia este miércoles en medio de un conflicto con el presidente interino José María Balcázar por la decisión de postergar la compra de 24 aviones de combate F-16.

La adquisición, valuada en 3.500 millones de dólares, estaba prevista a través de un acuerdo con la compañía estadounidense Lockheed Martin. Sin embargo, Balcázar argumentó que, al tratarse de un gobierno interino, no cuenta con la legitimidad necesaria para asumir una deuda de tal magnitud que comprometa a la próxima administración.

En su carta de renuncia, Díaz advirtió que la postergación de la compra podría afectar los intereses estratégicos del país y generar consecuencias relevantes, aunque no brindó mayores precisiones sobre los posibles impactos.

Tensiones políticas y reacción de Estados Unidos

La decisión del Ejecutivo generó repercusiones a nivel internacional. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, cuestionó la medida y advirtió sobre eventuales consecuencias si se afectan intereses estadounidenses.

En un mensaje publicado en la red social X, el diplomático señaló que su país utilizará “todas las herramientas disponibles” para proteger su seguridad y prosperidad en caso de negociaciones consideradas de mala fe.

Antecedentes de la compra militar

El proceso de adquisición de los aviones F-16 había sido impulsado en 2024 durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte, con un esquema de financiamiento que contemplaba un endeudamiento interno de 2.000 millones de dólares en 2025 y otros 1.500 millones en 2026.

Además de Lockheed Martin, también participaron en la licitación la empresa sueca Saab y la francesa Dassault Aviation, en una competencia internacional por modernizar la flota aérea peruana.

Historial de controversias en compras militares

Las adquisiciones de aviones de combate en Perú han estado marcadas por antecedentes de corrupción en las décadas de 1980 y 1990, lo que derivó en sanciones a funcionarios y militares involucrados.

La renuncia de Díaz reabre el debate sobre la política de defensa, el uso de recursos públicos y la transparencia en la compra de equipamiento militar, en un contexto político marcado por la transición de gobierno.