Presupuesto 2026: el Senado debate la ley con tensión por fondos educativos

El Gobierno intentará hoy viernes desde las 12 avanzar en el Senado con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos clave para la estrategia económica del oficialismo. El foco de la discusión estará puesto en el artículo 30, que genera objeciones incluso entre aliados parlamentarios.

La prioridad del Ejecutivo es sancionar el Presupuesto para habilitar el acceso al endeudamiento y enviar una señal de previsibilidad a los organismos internacionales. En términos generales, La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pero el escenario se vuelve más incierto al momento de votar algunos artículos sensibles.

El punto más cuestionado es el artículo 30, que propone modificar los esquemas de financiamiento para la educación y la ciencia. La medida elimina referencias legales que fijaban porcentajes mínimos del PBI para esos sectores, lo que despertó el rechazo de senadores de la UCR y de un sector del peronismo federal.

Dentro de Convicción Federal, cuatro de sus cinco integrantes anticiparon que acompañarán el Presupuesto en general, aunque no avalarán ese artículo. En tanto, algunos senadores radicales también adelantaron su negativa a respaldar ese apartado, lo que obliga al oficialismo a recalcular el poroteo.

Si el Presupuesto sufre cambios en el Senado, deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene previstas sesiones para fines de diciembre y principios de enero.

Más allá de ese debate, el resto del proyecto no presenta mayores obstáculos. El texto oficial prevé un crecimiento económico del 5%, una inflación anual cercana al 10% y un tipo de cambio que alcanzaría los $1.423 hacia fines de 2026, proyecciones que generan dudas incluso dentro del propio Congreso.

El tratamiento del Presupuesto marcará uno de los primeros quiebres políticos del año en la Cámara alta, con diferencias visibles entre gobernadores peronistas y el sector alineado con el kirchnerismo, en una discusión que combina números fiscales, poder político y señales hacia el mercado.

El Senado discutirá este viernes la ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que podría quedar sancionada y que introduce cambios de fondo en el sistema tributario argentino. El proyecto modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un nuevo esquema de declaración jurada simplificada.

Uno de los ejes centrales es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias. Según el Gobierno, quienes adhieran quedarán protegidos frente a futuros controles patrimoniales. El sistema estará disponible para contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos y establece que ARCA sólo evaluará los ingresos facturados para el cálculo del impuesto.

Bajo este esquema, no será obligatorio informar variaciones patrimoniales ni se fiscalizarán los consumos personales. El impuesto a las Ganancias se determinará exclusivamente sobre los ingresos declarados, descontando los gastos correspondientes.

El proyecto también redefine los umbrales de los delitos tributarios. La evasión simple pasará a considerarse delito a partir de los 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se configurará recién cuando el monto supere los 1.000 millones. Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales de cinco a tres años.

Otro punto relevante es el efecto liberatorio del pago: si el contribuyente acepta la declaración propuesta por ARCA y cumple en tiempo y forma, no se iniciarán acciones penales, salvo que se detecte ocultamiento de ingresos. En algunos casos, incluso podrán extinguirse denuncias mediante el pago de la deuda más un recargo adicional.

Aunque la iniciativa apunta a flexibilizar los controles fiscales, el texto prevé un aumento en las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término. La definición en el Senado marcará un cambio significativo en la relación entre el fisco y los contribuyentes.