Más concursos y quiebras: advierten que la crisis de las pymes ya se refleja en los tribunales

La situación de las pequeñas y medianas empresas atraviesa una etapa cada vez más compleja y comenzó a trasladarse con fuerza al ámbito judicial. Un informe elaborado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) reveló un marcado incremento en la cantidad de concursos preventivos y procesos vinculados a insolvencias empresariales, en un contexto atravesado por dificultades financieras, caída de la actividad y problemas para cumplir con los compromisos de pago.

De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 dejaron de operar 24.437 pymes en todo el país. Como consecuencia de esos cierres, más de 327.000 trabajadores quedaron sin cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo, reflejando el impacto social y laboral de la crisis.

Aumentan los concursos preventivos en todo el país

El estudio presentado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos advierte que la creciente cantidad de expedientes judiciales vinculados a empresas en dificultades económicas evidencia el deterioro del sector productivo.

Según los datos recopilados, durante 2023 se registraron 82 concursos preventivos. Dos años después, en 2025, la cifra escaló hasta 190 casos, lo que representa un incremento superior al 130%. La tendencia, además, no muestra señales de desaceleración: durante el primer trimestre judicial de 2026 ya se iniciaron 92 nuevos procesos.

Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal de IPA, aseguró que: “La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”.

El especialista explicó que el crecimiento de los concursos preventivos refleja las dificultades que enfrentan numerosas compañías para sostener su patrimonio y continuar operando en condiciones normales.

El impacto trasciende a las empresas

Desde la entidad remarcaron que las consecuencias de los cierres empresariales no se limitan a los balances financieros. La desaparición de una firma afecta empleos directos e indirectos, debilita proveedores y genera efectos en múltiples actividades vinculadas.

“La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, afirmó Pizzano.

El informe sostiene que la combinación de menores niveles de producción, retracción del consumo y dificultades para acceder al financiamiento profundizó la fragilidad de miles de emprendimientos productivos.

El sector pide una ley de emergencia económica y productiva

Frente a este escenario, IPA propuso la implementación de una legislación especial de emergencia que contemple herramientas temporales para asistir a las empresas en dificultades.

Entre las medidas sugeridas aparecen la suspensión de determinadas ejecuciones judiciales, la ampliación de los plazos concursales y la promoción de mecanismos preventivos que permitan evitar quiebras definitivas. También se plantea la necesidad de generar condiciones para recomponer el capital de trabajo de las firmas afectadas.

Pizzano aclaró que “se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”.

Finalmente, el documento subraya que cualquier estrategia de recuperación deberá estar acompañada por una reactivación del mercado interno y una mayor disponibilidad de crédito para la producción. En ese sentido, el Observatorio consideró que el Congreso tiene un rol clave para impulsar medidas destinadas a preservar el empleo y sostener la actividad de miles de compañías argentinas.

“De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, finalizó Pizzano.

Fuente: Noticias Argentinas