La reducción de la mora judicial puede tener un impacto directo en la cantidad de personas en prisión preventiva

Reducir la mora judicial puede impactar positivamente en la cantidad de presos preventivos en algunos casos. La mora judicial, que es la demora en el proceso legal, a menudo resulta en que las personas están detenidas durante períodos prolongados mientras esperan juicio.

Si los procesos judiciales se agilizan y se resuelven de manera más eficiente, las personas que están en prisión preventiva podrían ver una reducción en el tiempo que pasan detenidas antes de que se resuelva su situación legal.

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Según la opinión del magistrado Francisco Jerez Mena, quien ocupa la presidencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, existe una lista detallada en el artículo 227 del Código Procesal Penal que indica que no es obligatorio el empleo de la detención preventiva, y que el proceso no está necesariamente ligado a individuos bajo custodia o restringidos en su movilidad.

«Existe una cuestión cultural en este aspecto, que normalmente asocia la existencia de un detenido con la necesidad de llevar a cabo un proceso judicial, pero no necesariamente es así. Es responsabilidad del juez evaluar si existe riesgo de fuga o si hay suficientes pruebas que respalden los cargos imputados», argumentó el juez, acompañado por el secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas.

El juez planteó que, en casos donde no exista riesgo de fuga y las personas tengan arraigo en el país, es posible llevar a cabo un proceso judicial, como ha sucedido en casos concretos. Señaló que, en principio, la libertad debe ser la norma y la prisión la excepción.

Plan de Mora Judicial de la Suprema Corte

Además, el magistrado resaltó la importancia del Plan de Mora Judicial de la Suprema Corte de Justicia, el cual considera una iniciativa fundamental para abordar de manera efectiva los retrasos en los procesos judiciales.

«Ningún caso en el máximo tribunal del país puede prolongarse por más de seis meses. Si esto sucede, estamos enfrentando un caso de mora judicial», afirmó el juez, quien preside el tribunal junto a Nancy Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco.

El juez señaló que la falta de citación, el no traslado de los detenidos en asuntos penales, la falta de notificación a algunas partes y la dilación de un recurso, pueden conducir a que el proceso se posponga para una fecha posterior, lo cual, en su opinión, contribuye al problema de la mora judicial como un cáncer.

«La suspensión de una audiencia puede generar costos de hasta 40 mil pesos. Recuerdo que en una ocasión, en La Vega, realizamos una medición en la oficina penal. Sin embargo, si un proceso está al día y todas las partes están debidamente citadas, puede resolverse en uno o dos días, evitando así la mora judicial», detalló Jerez Mena.

La palabra del juez

El juez mencionó que en la Corte Suprema existían más de 18 mil casos pendientes desde 1982, pero que los jueces se enfocaron en diversas estrategias y acciones para reducir eficazmente la mora judicial, reconociendo que una justicia tardía no es justicia.

Explicó que en la actualidad se están resolviendo casos presentados a finales de 2023, y destacó que la Segunda Sala Penal ha logrado reducir una mora judicial acumulada de 41 años. Además, señaló que el tiempo promedio para emitir fallos después de las audiencias es de 17 días.

Resaltó que en su sala se implementaron mecanismos internos de gestión para identificar expedientes con demoras judiciales, lo que facilitó la identificación precisa de casos que requerían atención urgente y su priorización para su resolución.

«En nuestra sala, comenzamos a realizar un seguimiento para medir el tiempo que tardaban los expedientes desde que llegaban al tribunal hasta que se emitía la sentencia. En el año 2019, descubrimos que un caso duraba un promedio de 211 días, violando el plazo establecido por el Código de 60 días para la resolución del caso», enfatizó.

Mejor eficiencia de los casos

«Sin embargo, para el año 2020, este tiempo se redujo a 102 días, y en la actualidad, en la Segunda Sala de la Suprema, un caso tarda aproximadamente 34 días desde que ingresa hasta que se emite la sentencia, casi la mitad del tiempo establecido por el Código, y hay casos que incluso se resuelven en tan solo 12 días».

Según su punto de vista, una metodología clave que han implementado es resolver los expedientes en el orden en que ingresan. «Esta estrategia ha sido fundamental para aliviar la carga de expedientes pendientes en la sala que estaban en mora judicial».

Siguiendo este enfoque, se ha logrado una distribución más equitativa de recursos y una gestión más eficiente de los casos. Además, para fortalecer el equipo encargado de este proceso, se han asignado recursos humanos adicionales a la sala, medida que, en su opinión, ha aumentado la capacidad operativa de la sala y ha agilizado el manejo de los casos.

Además, se han implementado herramientas tecnológicas para realizar un seguimiento y control más efectivos de los procesos judiciales, lo que ha facilitado la gestión de la información y la comunicación tanto interna como externa, contribuyendo significativamente a mejorar la transparencia y eficiencia del sistema judicial, como por ejemplo, la votación y firma digitales.

«En conjunto, estas acciones y medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia han demostrado un firme compromiso en la lucha contra la mora judicial, promoviendo un sistema más ágil, eficiente y accesible para todos los ciudadanos de la República Dominicana», enfatizó Jerez Mena.

Juicio a diputada

El tribunal encabezado por Jerez Mena llevó a cabo el juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte en menos de tres meses. La diputada fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La última audiencia se celebró el lunes 26 de mayo, cuando el tribunal dejó el caso en estado de fallo. Al día siguiente, emitió su veredicto condenatorio contra la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Extradiciones

Además, el magistrado Jerez Mena resaltó la eficiencia en el manejo de las solicitudes de extradición por parte del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, dirigido por el procurador adjunto Andrés Chalas Velásquez.

Explicó que si un Estado solicita una orden de arresto a través de la Procuraduría, el Ministerio Público responde en tiempo récord. Por ejemplo, si la solicitud llega un lunes a las 3:00 de la tarde, una hora después el Ministerio Público ya ha dado una respuesta. Esto se debe a la colaboración con la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia y los departamentos de notificaciones judiciales, que actúan como enlace con la Procuraduría General de la República para agilizar el proceso.

Cuando la persona solicitada en extradición es arrestada, se programa una audiencia dentro de las siguientes 48 horas para cumplir con lo establecido por la Constitución. Esta audiencia se lleva a cabo el mismo día, a menos que alguna de las partes presente un incidente. El magistrado señaló que dichas solicitudes de extradición no tardan más de seis meses en ser decididas.