
La controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que referentes y legisladores de distintos espacios de la oposición cuestionaran su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y reclamaran la presentación de su declaración jurada patrimonial dentro de los plazos establecidos.
Las críticas se intensificaron en medio de las discusiones públicas sobre la transparencia de los funcionarios y la necesidad de garantizar mecanismos de control sobre quienes ejercen cargos de responsabilidad dentro del Estado.
Desde distintos sectores políticos señalaron que la situación genera interrogantes sobre la evolución patrimonial del funcionario y advirtieron sobre la importancia de cumplir con las obligaciones de información pública que establece la normativa vigente.
La polémica también alcanzó a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, debido a que ambos se incorporaron al régimen impulsado por el Gobierno nacional, una medida que desde la oposición recibió fuertes cuestionamientos.
Diversos dirigentes sostienen que la adhesión al esquema fiscal no elimina la necesidad de brindar explicaciones públicas sobre el patrimonio de los funcionarios ni reemplaza los mecanismos de control previstos por la legislación.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional Esteban Paulón, integrante de Hacemos Nuestro País, quien presentó una iniciativa legislativa para impedir que funcionarios públicos y familiares directos puedan acceder a este tipo de beneficios durante el ejercicio de sus funciones.
Según explicó, el objetivo consiste en evitar que mecanismos de regularización fiscal puedan utilizarse para encubrir situaciones vinculadas con el patrimonio de quienes administran recursos públicos.
Por su parte, Nicolás Trotta también expresó cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete y sostuvo que la adhesión al régimen impulsado por el Gobierno no resuelve los interrogantes vinculados con eventuales investigaciones patrimoniales.
El dirigente consideró llamativo que uno de los principales promotores de la medida sea al mismo tiempo una figura que enfrenta cuestionamientos públicos respecto de la consistencia de su información patrimonial.
A las críticas también se sumó Itaí Hagman, quien vinculó la situación con los argumentos utilizados por el oficialismo para defender las nuevas políticas fiscales impulsadas por la administración nacional.
Los cuestionamientos se centraron principalmente en la necesidad de garantizar transparencia, acceso a la información pública y controles efectivos sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.

Dentro de la Unión Cívica Radical también surgieron fuertes cuestionamientos hacia el accionar del jefe de Gabinete.
El diputado Pablo Juliano sostuvo que la adhesión al régimen fiscal por parte de funcionarios nacionales refuerza las críticas que la oposición viene realizando sobre las características de la medida impulsada por el Gobierno.
Según manifestó, la iniciativa genera preocupación debido a que podría facilitar la regularización de patrimonios sin exigir explicaciones suficientes sobre el origen de determinados bienes o recursos.
Martín Lousteau también se sumó a los cuestionamientos y afirmó que la situación confirma las advertencias que había realizado previamente sobre la posibilidad de que funcionarios nacionales se incorporaran al régimen.
El senador radical cuestionó los alcances de la normativa y sostuvo que favorece especialmente a los sectores de mayores ingresos, al tiempo que insistió en la necesidad de exigir mayores niveles de transparencia a quienes ocupan cargos públicos.
Las declaraciones reflejan el creciente nivel de confrontación política en torno a una medida que continúa generando debates dentro y fuera del Congreso.
Las críticas no quedaron limitadas al ámbito legislativo. También dirigentes partidarios reclamaron que el funcionario avance con la presentación de la documentación correspondiente.
En ese sentido, el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, afirmó que la transparencia debe demostrarse con hechos concretos y consideró que la mejor manera de despejar cualquier duda consiste en presentar la declaración jurada patrimonial dentro de los plazos establecidos.
Además, sostuvo que quienes llegaron al Gobierno con la promesa de terminar con los privilegios de la política deben actuar con coherencia y cumplir con los estándares de transparencia que exigieron durante años.
El debate sobre la situación de Manuel Adorni se produce en un contexto de fuerte polarización política y creciente atención pública sobre el patrimonio de los funcionarios nacionales.
Mientras la oposición insiste en sus cuestionamientos y reclama explicaciones, todas las miradas se concentran ahora en la presentación de la declaración jurada, un documento que podría convertirse en el próximo eje de discusión política en los días venideros.
Con información de NA
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10 Junio 2026