La Justicia ordena al Gobierno cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia ratificó este martes que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en 2025, y avanzar con la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y partidas presupuestarias.

La medida alcanza a la administración de Javier Milei, que deberá ajustar los haberes de docentes y no docentes de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Además, el fallo ordena recomponer los programas de becas estudiantiles en línea con la inflación acumulada, así como actualizar los fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales.

La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar el financiamiento del sistema universitario público, incluyendo la protección del presupuesto, la mejora salarial y el fortalecimiento de áreas clave como investigación, ciencia y técnica, y hospitales universitarios.

El conflicto se originó luego de que el Ejecutivo promulgara la norma en octubre de 2025 —tras el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales— pero dejara en suspenso su implementación a la espera de definir fuentes de financiamiento.

Esta situación derivó en medidas de fuerza por parte de gremios docentes y en una presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de las universidades públicas.

En ese marco, el juez federal Martín Cormick falló a favor del CIN y ordenó la aplicación inmediata de la ley. Sin embargo, el Gobierno apeló la medida en febrero y presentó un nuevo proyecto que, según rectores y docentes, modifica el espíritu original de la normativa.

Con la ratificación judicial, el Ejecutivo queda obligado a recomponer la pérdida generada por la inflación en los últimos dos años en distintas áreas del sistema universitario, en un contexto de tensión entre el Gobierno y la comunidad académica.