La AGN detectó sobreprecios en compras de Seguridad durante la era Bullrich

Según la investigación publicada por Ámbito Financiero, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló múltiples irregularidades en las contrataciones realizadas por el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, durante el período de emergencia de seguridad de 2016 a 2019. Estas contrataciones fueron llevadas a cabo sin licitaciones públicas y a través de un sistema que permitió la elección discrecional de proveedores, entre ellos, empresas vinculadas al Estado de Israel. Entre las principales irregularidades detectadas se incluyen sobreprecios que alcanzan hasta cinco veces el valor estimado de los bienes adquiridos, falta de documentación y la inexplicable prisa con la que se realizaron las compras.

Emergencia de Seguridad: El inicio de la crisis

El 21 de enero de 2016, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 228, el gobierno nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública, permitiendo al Ministerio de Seguridad realizar adquisiciones sin licitación. Según el informe de la AGN, «se verificó que esas adquisiciones se realizaron sin un sistema de compras planificado», lo que generó una «elección discrecional» de proveedores. Esta falta de planificación es justificada por la cartera de Bullrich debido a la necesidad de respuestas inmediatas ante situaciones imprevistas, aunque, como señala el informe, «la falta de justificación para los aumentos de los costos ha sido un patrón recurrente».

Irregularidades en las compras: La conexión con empresas israelíes

Una de las adquisiciones más controversiales fue la compra de un sistema de seguridad fronterizo por 35 millones de dólares a la empresa israelí IAI ELTA. Además, el Ministerio pagó 49 millones de dólares por cuatro lanchas patrulleras al Astillero Israel SHIPYARDS Ltd. Según la AGN, “el importe adjudicado quintuplica al estimado en el informe de justificación elaborado por las Fuerzas de Seguridad”. Además, se encontró que «los pagos realizados a la empresa de Eitamar Barr no se justificaron adecuadamente». La AGN también detectó que «el Ministerio de Seguridad incrementó los gastos pagándole poco más de 41 millones de pesos a la empresa Issatec Technologies SA», propiedad de Barr, quien es vinculado con el grupo israelí Israel Aerospace Industries Ltd.

Estas compras y contrataciones no solo involucran sumas exorbitantes, sino que también evidencian la falta de transparencia, como se mencionó en el informe: «Prefectura no accedió a la información ni la documentación necesaria para hacer una evaluación técnica» de las lanchas patrulleras. Según la AGN, esta opacidad es una clara señal de las irregularidades que se esconden detrás de las adquisiciones.

Este informe es la primera vez que la AGN presenta un análisis detallado sobre las adquisiciones internacionales realizadas por el Ministerio de Seguridad durante este período, destacando la «incapacidad de justificación de los gastos y la opacidad en las contrataciones». El informe, aprobado en noviembre de 2024, concluye que “se mantienen los hallazgos” y que las irregularidades persisten pese a las explicaciones del Ministerio.

Este destape pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva sobre cómo se manejan los recursos destinados a la seguridad nacional, en especial cuando las compras implican empresas extranjeras y no cuentan con la debida transparencia.

Fuente: Ámbito Financiero