
El ministro jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, cuestionó la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación tras la difusión de un informe de la Prefectura Naval Argentina que certifica la seguridad y operatividad del puerto de Ushuaia hasta 2029.
El funcionario sostuvo que el documento oficial respalda la postura del Gobierno provincial y deslegitima los argumentos utilizados para justificar la medida. Según afirmó, la intervención carece de sustento técnico y no responde a una necesidad real vinculada al funcionamiento de la terminal portuaria.
Canals aseguró que los fundamentos presentados por la Agencia se debilitaron con el correr del tiempo. En particular, rechazó las acusaciones sobre un supuesto desvío de fondos y aclaró que no existió transferencia de recursos desde la Dirección Provincial de Puertos hacia otros organismos.
El ministro remarcó que el puerto operó con normalidad durante toda la temporada de verano, sin interrupciones ni inconvenientes en materia de seguridad. En ese sentido, consideró que el informe de Prefectura confirma el correcto estado de la infraestructura y contradice las críticas previas.
Además, cuestionó la falta de acciones por parte de la intervención. Señaló que no se registraron avances en obras, licitaciones ni mejoras operativas desde que se implementó la medida, pese a los argumentos que justificaron su aplicación.
El funcionario destacó las inversiones realizadas por la provincia en los últimos años, especialmente en la ampliación del muelle y en la mejora de las condiciones operativas del puerto de Ushuaia. Según indicó, esas acciones permitieron cumplir con los estándares exigidos y sostener el nivel de actividad.
Canals también advirtió sobre la falta de transparencia en la administración actual de los recursos portuarios. Afirmó que no existe información clara sobre el destino de los fondos y expresó preocupación por la concentración de esos ingresos sin control provincial.
En paralelo, el Gobierno de Tierra del Fuego avanza con acciones legales para revertir la intervención. El ministro confirmó que los equipos jurídicos trabajan en distintas estrategias al considerar que la medida resulta inconstitucional y carece de fundamentos técnicos sólidos.
El informe de Prefectura, en este contexto, refuerza la posición de la provincia y reabre el debate sobre la gestión y el control del puerto de Ushuaia, una infraestructura clave para la actividad económica y logística en el extremo sur del país.
Foto: GTDF
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21 Abril 2026