
El Senado debatirá este jueves un proyecto de ley sobre propiedad privada que incluye modificaciones a la propuesta original del Gobierno nacional, especialmente en el apartado que buscaba eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.
Según fuentes parlamentarias, una de las alternativas que se analiza es establecer un límite de kilómetros para la adquisición de tierras por parte de empresas extranjeras y exigir mayores autorizaciones cuando exista participación de otros Estados.
En esos casos, además del aval provincial y nacional, podría requerirse la intervención del Congreso.
La iniciativa había sido impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y plantea reformas vinculadas a la ley de tierras, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
El texto inicial generó diferencias dentro del Senado, principalmente por el artículo relacionado con la eliminación de los límites para la compra de tierras rurales por extranjeros, motivo por el cual el tratamiento previsto para el 3 de junio fue postergado.
Entre los cambios incorporados, se eliminó el capítulo referido a la modificación de la ley de barrios populares y se reformularon los apartados sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y protección ambiental.
La propuesta mantiene la idea de modificar las restricciones actuales, aunque ahora se evalúa incorporar nuevos límites.
El proyecto establece que las provincias conservarán la jurisdicción sobre sus territorios y deberán autorizar operaciones de venta a extranjeros cuando no intervengan Estados extranjeros.
Además, quedaría prohibida la compra de tierras por parte de:
El proyecto contempla un mecanismo de desalojo exprés únicamente para casos de inmuebles usurpados.
En otras situaciones se mantendrían los plazos vigentes, aunque se incorpora un plazo de 10 días para intimar el pago de alquileres adeudados mediante una notificación formal.
Si el incumplimiento continúa, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve disponible.
Otro punto central del proyecto modifica el régimen de expropiaciones.
La declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que justificar de forma precisa los motivos de la medida.
Además, se estableció un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, mientras que la propuesta original no contemplaba un porcentaje máximo.
La actualización de los montos tendrá como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
El texto también introduce cambios en la normativa vinculada a incendios rurales.
Se elimina la disposición que impedía durante 30 años modificar el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, pastizales y áreas periurbanas.
En el caso de bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso del suelo, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto anteriormente.
NoticiasD
25 Junio 2026