El protocolo antipiquetes sigue vigente en Argentina tras un giro clave de la Justicia

El protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de calles continuará en vigencia luego de que la Justicia federal concediera el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional. La decisión frenó los efectos inmediatos del fallo que había declarado la nulidad de la medida y permitió que la normativa siga aplicándose hasta que el conflicto judicial tenga una resolución definitiva.

El pronunciamiento judicial generó rápidas reacciones dentro del oficialismo, que celebró la continuidad del protocolo como una señal de respaldo a la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno remarcaron que la herramienta resulta clave para garantizar la libre circulación y preservar el orden público en el espacio urbano.

Celebraciones del oficialismo tras la decisión judicial

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la resolución a través de sus redes sociales y subrayó que el protocolo no quedará suspendido mientras avanza el proceso judicial. En su mensaje, afirmó que la medida seguirá en plena aplicación y sostuvo que el orden público no admite negociaciones.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la concesión del recurso de apelación y confirmó que el protocolo antipiquetes mantiene plena vigencia. Con un mensaje breve y directo, ratificó la postura oficial y dio por cerrado el tema desde la óptica del Ejecutivo.

Desde el entorno gubernamental insistieron en que la continuidad del protocolo responde a una demanda social mayoritaria y reafirmaron que el Estado debe garantizar el derecho a circular sin interrupciones.

El fallo que había declarado la nulidad

El conflicto judicial se originó a partir de un fallo dictado el lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número once. El magistrado había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que cuestionó la legalidad del protocolo.

En su resolución, Cormick declaró la nulidad de la Resolución novecientos cuarenta y tres dos mil veintitrés, impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich y sostenida por la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El juez argumentó que el Ministerio de Seguridad carece de facultades para restringir derechos constitucionales mediante una decisión administrativa.

Tras ese fallo, el Centro de Estudios Legales y Sociales celebró la decisión y remarcó que la sentencia establecía límites claros a las atribuciones del Ministerio. Según la organización, la resolución protegía derechos fundamentales como la protesta y la libertad de expresión.

Reacciones y escenario abierto

Organizaciones sindicales y sociales también celebraron el fallo inicial y difundieron comunicados para respaldar la postura del juez federal. Varias entidades consideraron que la resolución representaba un freno a políticas que, a su entender, avanzaban sobre derechos constitucionales.

Sin embargo, la concesión del recurso de apelación modificó el escenario inmediato. Con esta decisión, la Justicia permitió que el protocolo continúe operativo hasta que una instancia superior analice el fondo de la cuestión y emita un fallo definitivo.

El Gobierno ya había anticipado que recurriría la sentencia adversa y defendió el protocolo como una herramienta indispensable para ordenar el espacio público. Funcionarios nacionales reiteraron que la medida busca equilibrar el derecho a la protesta con el derecho a circular y sostuvieron que cuenta con un amplio respaldo ciudadano.

Mientras el expediente avanza en los tribunales, el protocolo antipiquetes seguirá aplicándose en todo el país y continuará en el centro del debate político y judicial sobre los límites entre seguridad, protesta social y derechos constitucionales.

Foto: NA