El Gobierno lanzó la licitación para privatizar AySA y vender el 90% de las acciones

El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al publicar los pliegos de licitación para la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es avanzar con la incorporación de un operador estratégico privado para la compañía estatal de agua y saneamiento.

La normativa autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 para vender la totalidad de las acciones estatales en Agua y Saneamientos Argentinos, equivalentes al 90% del capital social de la empresa.

Según detalló el Gobierno, el proceso se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR y estará abierto tanto a oferentes nacionales como internacionales. Además, el pliego podrá descargarse desde el portal oficial de contrataciones públicas.

Cómo será la licitación de AySA

El Ejecutivo informó que la convocatoria será difundida durante diez días hábiles en el Boletín Oficial, en el sitio internacional DGMARKET y en las páginas oficiales del Ministerio de Economía y AySA.

Entre las fechas más importantes del cronograma figuran:

1. Consultas al pliego: hasta el 12 de agosto de 2026 a las 10:00
2. Presentación de ofertas: hasta el 27 de agosto de 2026 a las 09:59
3. Apertura de sobres: 27 de agosto de 2026 a las 10:00

La apertura de ofertas se realizará de manera electrónica mediante la plataforma CONTRAT.AR.

El Gobierno busca avanzar con las privatizaciones

La publicación de los pliegos se conoció un día después de que Luis Caputo confirmara públicamente el avance del proceso de privatización de AySA, una de las empresas estatales más importantes del país.

La iniciativa forma parte del plan de reorganización y reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que apunta a transferir compañías públicas al sector privado y reducir el gasto estatal.

Con esta medida, el Ejecutivo abre formalmente una nueva etapa en el proceso de privatizaciones, que incluye la búsqueda de inversores estratégicos para áreas consideradas clave en infraestructura y servicios públicos.