El Gobierno extendió la emergencia energética hasta fines de 2027: qué implica la medida

El Gobierno nacional resolvió prolongar la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Según el Ejecutivo, la decisión responde a la continuidad de problemas técnicos y económicos que afectan al sistema energético. Entre los argumentos expuestos se señala la necesidad de mantener herramientas regulatorias para garantizar la prestación del servicio mientras se ejecutan obras de infraestructura y se consolida el proceso de normalización financiera del sector.

Por qué el Gobierno prorrogó la emergencia energética

En los fundamentos del decreto se advierte que el sistema eléctrico continúa operando con niveles reducidos de reserva. Los informes oficiales indican que, durante los picos de consumo registrados en febrero de 2025, el margen operativo llegó apenas al 4,4%, una situación que el Gobierno considera insuficiente para responder ante contingencias.

A este escenario se suma el estado de la infraestructura. El texto oficial remarca que "más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad", mientras que también advierte que "el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas", con estaciones transformadoras que operan por encima del 90% de su capacidad.

El decreto también menciona que proyectos de ampliación del sistema de transporte eléctrico, entre ellos el denominado AMBA I y nuevas líneas de 500 kV, demandan plazos de ejecución prolongados. Por ese motivo, el Gobierno considera que "resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias" hasta que esas obras entren en funcionamiento.

Subsidios, CAMMESA y el objetivo de equilibrar el sistema

Otro de los ejes de la prórroga está vinculado con la situación económica del mercado eléctrico. Si bien el Ejecutivo destacó que la tasa de cobrabilidad de CAMMESA pasó del 48% al 97% tras la regularización de la cadena de pagos, sostiene que todavía existe una diferencia importante entre el costo real de generación y el valor que abonan los usuarios.

En ese sentido, el decreto sostiene que “dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.

El Gobierno también informó que, a mayo de 2026, los usuarios residenciales con subsidios cubrían aproximadamente el 24% del costo real del abastecimiento eléctrico a través del Precio Estacional (PEST). Por ello, plantea que la continuidad de la emergencia permitirá avanzar de manera gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de evitar incrementos bruscos para los sectores de menores ingresos.

Además, la extensión hasta diciembre de 2027 unifica los plazos con la emergencia vigente para el transporte y la distribución de gas natural. El Ejecutivo sostiene que mantener ambos regímenes alineados brinda previsibilidad al sector y reduce el riesgo de interrupciones regulatorias que puedan afectar inversiones, la operatoria del mercado y la continuidad del servicio eléctrico.