El Gobierno aprobó un préstamo de US$300 millones del Banco Mundial para energía

El Gobierno nacional autorizó la contratación de un préstamo de hasta 300 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo que integra el Banco Mundial, para financiar un programa orientado a la transición hacia sistemas de electricidad y gas más sostenibles.

La medida fue oficializada a través del Decreto 900/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. El crédito se suma a un financiamiento anterior aprobado en 2023 y permitirá ampliar el alcance del proyecto que ya se encuentra en ejecución.

Según lo establecido en la norma, los fondos serán desembolsados en dólares estadounidenses, con un plazo de 35 años, que incluye un período de gracia de seis años, y una tasa de interés variable atada al indicador SOFR, más un margen adicional.

El Ministerio de Economía fue designado como organismo ejecutor del programa, a través de la Secretaría de Energía, con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. En tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como subejecutor de una parte de las acciones previstas.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, el financiamiento adicional fue solicitado para expandir las actividades del proyecto, que incluyen el diseño de un marco tarifario destinado a incentivar inversiones en generación térmica de respaldo para energías renovables, además del fortalecimiento institucional del sector energético.

El nuevo crédito complementa el préstamo original de US$300 millones aprobado en 2023, mediante el Decreto 718, y autoriza al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato correspondiente, sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

La coordinación administrativa y fiduciaria del proyecto estará a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, mientras que el decreto prevé la posibilidad de introducir modificaciones contractuales siempre que no alteren el destino de los fondos ni impliquen un aumento del monto total del financiamiento.