El Gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión de AySA y avanza con su privatización

El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en el marco del proceso de privatización de la empresa. La medida fue oficializada a través de la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se inscribe dentro de los lineamientos de la Ley de Bases y forma parte de lo que el Ejecutivo define como una “transformación refundacional” del sistema de agua potable y saneamiento, que actualmente brinda servicio a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el texto oficial, el nuevo contrato era una condición previa indispensable para avanzar con la venta del paquete accionario, ya que permite establecer con mayor claridad los derechos y obligaciones tanto del Estado como del futuro concesionario. En ese marco, el Gobierno confirmó que al menos el 51% de las acciones será transferido a un operador estratégico, mientras que el resto se colocará en el mercado de capitales.

El esquema aprobado contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga por una década adicional, para la prestación de servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, incluyendo distritos clave como La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Tigre y Vicente López.

Además, el plan establece una hoja de ruta en dos etapas. La primera corresponde al período de transición (2024-2026), durante el cual AySA deberá cumplir con un plan de acción orientado a reorganizar su funcionamiento y sanear su situación financiera. La segunda fase, denominada “Nueva era” (2027-2031), comenzará con el primer ciclo tarifario bajo gestión privada, donde se deberán cumplir metas de inversión, expansión y calidad del servicio.

Con la aprobación del contrato, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas queda habilitada para avanzar en el proceso licitatorio, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de seleccionar a las empresas interesadas en operar uno de los servicios públicos más relevantes del país.