Ecuador lleva la disputa arancelaria a los tribunales de la Comunidad Andina

El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia sumó un nuevo capítulo luego de que el Ejecutivo ecuatoriano decidiera llevar la disputa arancelaria a los organismos de la Comunidad Andina (CAN). En paralelo a la inminencia del vencimiento del plazo establecido por el bloque regional, el Gobierno de Daniel Noboa activó una estrategia legal para sostener las medidas comerciales vigentes.

La decisión se conoce en un contexto de fuerte tensión bilateral, donde las restricciones y aranceles cruzados han impactado el intercambio de mercancías entre ambos países. Mientras el proceso avanza en el plano jurídico, los gravámenes aplicados a productos colombianos continúan vigentes y mantienen presionado el comercio fronterizo.

Recursos ante la CAN y defensa del esquema arancelario

El Ejecutivo ecuatoriano presentó dos recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN y, además, interpuso dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del organismo. El objetivo central es frenar las resoluciones que ordenan eliminar los aranceles y restricciones comerciales aplicadas a productos provenientes de Colombia.

Las presentaciones fueron ingresadas el 20 de mayo, apenas un día antes de que venciera el plazo de diez días hábiles otorgado por el bloque regional para revertir las medidas. Entre los puntos cuestionados se encuentra la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, que considera incompatible con el Acuerdo de Cartagena la denominada “tasa de servicio de control aduanero” aplicada por Ecuador.

Según la CAN, esa medida vulnera el esquema de libre comercio del bloque, ya que impacta directamente sobre el Programa de Liberación Andino. Sin embargo, la defensa ecuatoriana sostiene que existieron irregularidades en el procedimiento seguido por el organismo regional al emitir sus decisiones.

Restricciones, aranceles y tensiones bilaterales en aumento

El segundo eje de la ofensiva jurídica apunta a la Resolución 2581, que establece la habilitación exclusiva del Puente Internacional de Rumichaca como punto terrestre de ingreso de mercancías colombianas. Para Quito, esa disposición también debe ser revisada en profundidad por el tribunal andino.

Pese a la presentación de los recursos, las resoluciones de la CAN siguen vigentes, ya que las acciones no suspenden automáticamente sus efectos. En ese marco, el Gobierno ecuatoriano confirmó que el esquema arancelario actual se mantendrá en el corto plazo.

De acuerdo con lo previsto, la tarifa del 100% sobre productos colombianos continuará hasta fines de mayo y luego se reducirá al 75% desde el 1 de junio, tal como había sido anticipado oficialmente. El conflicto se originó en enero de 2026, cuando Ecuador aplicó una “tasa de seguridad” del 30% bajo el argumento de falta de cooperación de Colombia en materia de narcotráfico y delitos fronterizos.

Desde Bogotá, la respuesta no tardó en llegar y se tradujo en medidas recíprocas, que luego se ampliaron a 191 productos ecuatorianos con aranceles de entre 35% y 75%. Con ese escenario, la disputa escaló hasta convertirse en un diferendo que ahora se dirime en el sistema jurídico de la Comunidad Andina.