
Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por decisiones vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos y por la postergación en la aplicación de un nuevo método para calcular la inflación.
La presentación judicial lleva las firmas de Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes sostienen que la decisión oficial genera consecuencias económicas y sociales debido al impacto que tiene la medición de precios en contratos, jubilaciones, salarios y otros indicadores económicos.
Según plantearon los legisladores, el organismo estadístico había resuelto durante 2025 aplicar un nuevo sistema de medición a partir de 2026, pero el Ministerio de Economía decidió mantener el cálculo anterior. Los denunciantes consideran que esa determinación altera la actualización prevista y solicitan que la Justicia investigue la legalidad del procedimiento adoptado.
La denuncia incluye presuntas irregularidades relacionadas con deberes de funcionario público, confidencialidad de información y resguardo de datos estadísticos oficiales, temas que ahora deberá analizar la Justicia federal.
Los diputados sostienen que la modificación o postergación del nuevo método de medición afecta indicadores económicos centrales para la administración pública y para la actividad privada. Señalan que la inflación determina actualizaciones salariales, jubilaciones, contratos y decisiones económicas tanto del sector público como del sector privado.
Strada expresó públicamente que el Ministerio de Economía decidió sostener un cálculo basado en componentes que consideran desactualizados y afirmó que la decisión responde a un contexto de recomposición de tarifas y precios regulados. Según explicó, esa situación podría alterar resultados estadísticos y afectar distintos mecanismos de actualización económica.
La legisladora también indicó que la difusión anticipada de datos económicos vulnera normas que regulan el secreto estadístico y pidió investigar la difusión de información antes de su publicación oficial. Parte de la presentación judicial menciona publicaciones realizadas por el ministro en la red social X, donde se habrían anticipado resultados aún no difundidos por el organismo estadístico.
Por su parte, el bloque parlamentario sostiene que el indicador de inflación constituye una referencia clave para la economía nacional y consideran que cualquier modificación en su aplicación requiere procedimientos transparentes y técnicamente fundamentados.

Especialistas señalan que el índice de precios representa uno de los principales parámetros para evaluar la evolución económica del país y para establecer ajustes en distintos contratos y prestaciones sociales. Por esa razón, cualquier cambio metodológico genera debates técnicos y políticos dentro del ámbito económico.
El sistema estadístico nacional posee normas que buscan garantizar independencia técnica en la producción y difusión de información económica, con el objetivo de asegurar datos confiables para gobiernos, empresas y ciudadanos. En ese marco, el debate actual gira en torno a la oportunidad y la forma en que deben implementarse modificaciones metodológicas.
Mientras la denuncia avanza en el ámbito judicial, el tema también genera discusión en el Congreso y entre especialistas en estadísticas públicas, quienes analizan los alcances técnicos de la actualización pendiente y su impacto en la economía cotidiana.
La causa ahora seguirá su curso en tribunales, donde la Justicia deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si existieron irregularidades en el manejo y difusión de los datos oficiales. Entretanto, el debate sobre la medición de la inflación y su influencia en la economía continúa abierto dentro del escenario político y técnico argentino.
NoticiasD
13 Febrero 2026