Diputados debate Régimen Penal Juvenil y el Gobierno busca media sanción desde 14 años

La Cámara de Diputados inició el debate del proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional, que propone fijar en 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves. Luego del respaldo obtenido en comisiones, el oficialismo intenta lograr la media sanción y sumar otro triunfo parlamentario tras la aprobación reciente de la reforma laboral.

La sesión comenzó a las 11 y el temario también incorporó el tratamiento del acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. Sin embargo, la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil concentra la mayor atención política por el impacto social y jurídico del proyecto.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría un día antes en un plenario integrado por las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con respaldo de bloques aliados, entre ellos Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Movimiento de Integración y Desarrollo y representantes provinciales.

Qué cambios introduce el nuevo régimen penal juvenil

El proyecto establece que adolescentes desde 14 años podrán recibir condenas en delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima alcanzará hasta 15 años de prisión, aunque la iniciativa plantea la privación de libertad como último recurso dentro del sistema.

Para delitos de menor gravedad, el texto impulsa alternativas como servicios comunitarios, prohibiciones de acercamiento a víctimas, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de circulación y programas de acompañamiento social y educativo.

La propuesta también habilita la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con intervención judicial y participación de las víctimas cuando corresponda. El objetivo declarado apunta a ofrecer herramientas judiciales que prioricen la reinserción social y reduzcan la reincidencia.

Además, el proyecto ordena la creación de institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia. La normativa prohíbe alojar menores junto con detenidos adultos e incorpora programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y tratamientos contra adicciones bajo control judicial.

Debate político y posiciones enfrentadas en el recinto

Durante la sesión surgieron distintas posturas entre legisladores. La diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez propuso incluso bajar la edad de imputabilidad a 13 años y sostuvo que la legislación actual genera contradicciones respecto de la responsabilidad penal juvenil.

Por su parte, Natalia de la Sota, representante de Córdoba, cuestionó el rol del Estado en la prevención del delito juvenil y señaló que la discusión surge por fallas estructurales en políticas públicas vinculadas a educación, violencia y exclusión social.

Desde el oficialismo, el diputado neuquino Álvaro Martínez defendió la iniciativa y aseguró que la reforma busca un enfoque educativo y resocializador. Según planteó, el nuevo régimen brinda opciones a jueces y evita que adolescentes cumplan condenas junto a adultos, además de prohibir penas perpetuas para menores.

Sin embargo, el diputado Miguel Ángel Pichetto expresó dudas sobre la viabilidad presupuestaria del proyecto y consideró insuficientes los 23.739 millones de pesos previstos para implementar nuevas estructuras penitenciarias y programas de asistencia juvenil.

Presupuesto y próximos pasos del proyecto

Uno de los puntos que permitió destrabar acuerdos políticos incluyó la incorporación de partidas presupuestarias específicas para poner en marcha el sistema, con fondos destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

El debate continuará con intervenciones de distintos bloques y la votación definirá si el oficialismo logra enviar el proyecto al Senado. De aprobarse, la iniciativa abrirá una nueva etapa en la discusión sobre responsabilidad penal juvenil y políticas de reinserción social.

Mientras tanto, organizaciones sociales y especialistas siguen con atención la discusión, ya que la decisión final impactará en el sistema judicial y en la estrategia estatal frente a delitos cometidos por adolescentes en todo el país.