Diputados aprueban en general pensión para personas con discapacidad severa sin límite de edad

La Cámara de Diputados dio luz verde, en términos generales y por unanimidad, a una iniciativa que propone ampliar el alcance de la pensión universal para incluir a personas con discapacidad severa, sin importar su edad. El proyecto avanza ahora hacia una etapa de revisión técnica antes de su tratamiento definitivo.

El texto, que obtuvo respaldo pleno en el plenario, establece que quienes acrediten una condición severa podrán acceder a un ingreso mensual equivalente al 25 % del salario mínimo, en línea con el beneficio que ya perciben los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, el cuerpo legislativo resolvió diferir por 60 días el análisis en particular. Durante ese plazo, una mesa técnica trabajará en la evaluación del impacto fiscal, los mecanismos de financiamiento y los criterios operativos necesarios para su puesta en marcha.

Alcance de la propuesta y fundamentos

La iniciativa fue promovida por el diputado colorado Roberto González, quien argumentó que las personas con discapacidad severa enfrentan limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que les impiden incorporarse al mercado laboral en condiciones de igualdad.

De acuerdo con la exposición de motivos, la Ley 7322/2024 surgió con el objetivo de garantizar un ingreso básico —equivalente al 25 % del salario mínimo— a sectores vulnerables que no cuentan con posibilidades reales de generar recursos propios. Bajo ese mismo criterio, el legislador consideró necesario incorporar a quienes padecen discapacidades severas y requieren, en muchos casos, asistencia permanente y tratamientos médicos de alto costo.

Durante el debate se remarcó que miles de personas atraviesan situaciones de precariedad extrema y que la propia Constitución las reconoce como “personas excepcionales”. En ese marco, se sostuvo que el parámetro etario utilizado para la tercera edad —65 años— responde a “la ficción de que al llegar a los 65 declina la capacidad de producción”.

El impulsor del proyecto enfatizó que no resulta razonable exigir que una persona con una limitación severa alcance los 60 años para acceder al subsidio, dado que muchas ni siquiera llegan a esa edad debido al sedentarismo y las complicaciones asociadas a su condición.

Postergación y análisis presupuestario

El diputado liberal Diosnel Aguilera expresó su acompañamiento y subrayó que la equiparación del beneficio con el de los adultos mayores —25 % del salario mínimo— representará un alivio económico para un sector “invisibilizado e ignorado por el Estado”.

Por su parte, el diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú) apoyó la aprobación en general, aunque solicitó postergar el tratamiento en particular para asegurar un estudio más exhaustivo que garantice viabilidad y correcta implementación. Destacó la sensibilidad social del proyecto y explicó que la discusión se había demorado para evitar decisiones apresuradas.

El principal desafío, coincidieron varios legisladores, radica en el financiamiento. Por ello, celebraron la conformación de una mesa técnica que analizará cifras, impacto presupuestario y eventuales ajustes normativos.

Con la aprobación en general ya concretada, el proyecto entra en una etapa clave de evaluación técnica que definirá si la ampliación de la pensión universal puede sostenerse en términos fiscales y operativos antes de su sanción definitiva.