
Un reciente estudio elaborado por POLITIKÉ posicionó a Formosa entre las provincias con tarifas eléctricas más accesibles del país. El relevamiento tuvo en cuenta los valores para un consumo promedio de 265 kWh mensuales, en hogares con ingresos bajos (N2) y medios (N3), incluyendo impuestos y sin descuentos, según los datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET.
De acuerdo al análisis, la factura promedio nacional asciende a $41.097 para los usuarios con menores ingresos y a $47.868 para los de ingresos medios. Sin embargo, en el caso de Formosa, los valores son notoriamente inferiores: $14.813 para los hogares N2 y $19.586 para los N3, ubicando a la provincia en el segundo puesto con la energía más barata del país.
Desde la consultora destacaron que este escenario favorable responde, en parte, al programa “Esfuerzo Formoseño”, un subsidio que asiste a casi el 90% de los usuarios de las categorías mencionadas. “Este subsidio cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura determinado por el Gobierno nacional”, explicaron desde POLITIKÉ.
Según el informe, en los hogares de ingresos bajos, el VAD representa alrededor del 32% del total, por lo que el usuario solo paga aproximadamente $10.072,84. En este contexto, el beneficio provincial se traduce en una reducción directa del impacto de los aumentos nacionales, reforzando el papel del Estado local en la protección de los sectores más vulnerables frente a la inflación energética.
De esta manera, Formosa se consolida como la segunda provincia con la tarifa eléctrica más baja del país, resultado del esquema de subsidios locales que complementa las políticas energéticas nacionales, concluyó el estudio de POLITIKÉ.

En otro apartado, la consultora también evaluó los alcances del proyecto impulsado por el Gobierno nacional denominado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, una iniciativa que propone cambios profundos en la legislación laboral argentina. Según POLITIKÉ, la propuesta “introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y en la Ley de Trabajo Agrario N° 26.727”.
Desde el equipo técnico explicaron que el sistema laboral argentino se apoya en el Principio Protectorio, que incorpora la regla in dubio pro operario (ante la duda, se falla a favor del trabajador) y el Principio de Irrenunciabilidad, que impide que los derechos mínimos puedan ser reducidos o renunciados.
“Este proyecto introduce modificaciones que socavan estos principios, trasladando riesgos y costos hacia el trabajador y reduciendo el costo laboral para el empleador, especialmente en el ámbito previsional e indemnizatorio”, marcaron.
La consultora señaló tres riesgos principales: el avance del “salario gris”, ya que los ítems no remunerativos —como beneficios en medicina o tecnología— reducen aportes y afectan la jubilación la desprotección judicial, porque los topes a intereses y los pagos en cuotas de sentencias laborales debilitan la reparación económica y la pérdida de calidad de vida laboral, por la implementación del banco de horas, que otorga más discrecionalidad a las empresas sobre el tiempo de trabajo.
En síntesis, POLITIKÉ advirtió que la iniciativa “plantea un escenario que prioriza la reducción de costos empresariales, pero a expensas de la estabilidad, el descanso y la seguridad económica de los trabajadores”, debilitando los mecanismos que históricamente equilibraron la relación entre capital y trabajo en la Argentina.
NoticiasD
3 Noviembre 2025