Córdoba lanza un fondo de $2.000 millones para sostener instituciones de discapacidad en crisis

El Gobierno de Córdoba resolvió avanzar con un esquema de asistencia extraordinaria para contener la delicada situación que atraviesan las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. A través de un fondo específico, la Provincia busca sostener el funcionamiento de entidades que hoy enfrentan dificultades económicas críticas.

La medida se enmarca en un escenario marcado por la reducción de transferencias nacionales, lo que impactó de lleno en la capacidad operativa de fundaciones, centros terapéuticos y asociaciones civiles. Ante este panorama, el Ejecutivo provincial decidió reforzar su intervención para evitar el deterioro del sistema.

Durante un acto en el Centro Cívico, encabezado por el gobernador Martín Llaryora junto a funcionarios y representantes del sector, se formalizó la creación del programa “Córdoba Sostiene – Fondo de emergencia para discapacidad”, con una asignación de 2.000 millones de pesos.

Un respaldo económico para evitar cierres y sostener prestaciones

El nuevo fondo permitirá a las instituciones cubrir gastos esenciales como salarios profesionales, costos operativos y adquisición de insumos básicos. El objetivo central es garantizar la continuidad de servicios clave y evitar el colapso de un entramado que asiste a miles de personas en la provincia.

La iniciativa surge como respuesta a la crisis generada por la falta de ejecución de la Ley de Emergencia en discapacidad a nivel nacional y la interrupción de pagos vinculados a programas como Incluir Salud y aportes del PAMI. En ese contexto, desde la Provincia remarcaron la necesidad de actuar con urgencia.

“Nuestra intención es sostener el entramado institucional para que nadie se sienta solo”, afirmó Llaryora durante el anuncio. Además, subrayó que las políticas vinculadas a la discapacidad deben sostenerse por encima de diferencias políticas o religiosas: “Lo que nos debe unir es cuidar a las personas en estado de discapacidad”.

El mandatario también cuestionó la falta de implementación de normativas vigentes a nivel nacional: “Es increíble que en Argentina se voten leyes y no se ejecuten”.

Apoyo provincial y reclamos al Gobierno nacional

Desde el Ejecutivo cordobés explicaron que esta medida complementa otras herramientas ya vigentes, como el Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que desde 2023 financia proyectos de accesibilidad y empleo. A ese esquema se suman ahora estos recursos extraordinarios, en un intento por sostener a instituciones que hoy se encuentran en riesgo concreto de cierre.

La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que el rescate económico responde a una política sostenida de inclusión. “Entendemos que el verdadero mérito no reside en ahorrar dinero a costa de la gente», afirmó, y agregó: «En nuestra provincia el superávit se gestiona bajo la lógica de una familia responsable: se cuidan los recursos, pero se garantizan primero las necesidades básicas de cada uno de sus integrantes”.

La funcionaria también apuntó contra la Nación por la falta de transferencias: “Pero también hay que ser claros: no puede ser que el Gobierno Nacional deba 3.500 millones de pesos mensuales de Incluir Salud y no los pague. Debemos exigir que se cumpla la Ley de Discapacidad y que dejen de hablar de «fraude» para justificar el ajuste”.

Instituciones en alerta y respaldo al acompañamiento estatal

Referentes de distintas organizaciones coincidieron en describir un escenario complejo, atravesado por la falta de financiamiento y el riesgo de interrupción de servicios. En ese marco, valoraron la asistencia provincial como un factor clave para sostener sus actividades.

“Si no estuvieran el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad sosteniéndonos la mano, seríamos una empresa en quiebra”, sostuvo Marcela Rosado, de Fundación Iram.

Por su parte, Marcos Godoy, de Fundación Uno en Más, advirtió sobre el impacto social de la crisis: “Para nosotros es importante remarcar este acompañamiento estatal, ya que no habría forma de poder continuar con nuestras actividades. Es fundamental que sigamos trabajando en conjunto para evitar el riesgo de la exclusión social hacia las personas con discapacidad”.

Otros referentes también coincidieron en destacar el rol del Estado provincial en un contexto adverso. Desde distintas entidades remarcaron que el apoyo resulta determinante para sostener talleres, garantizar alimentación y continuar con programas de inclusión.

Cómo acceder al fondo de emergencia

El programa está dirigido a asociaciones civiles, fundaciones y centros que trabajen en discapacidad. Como requisito excluyente, deberán contar con personería jurídica vigente.

La implementación del fondo permitirá ampliar la asistencia que semanas atrás ya había sumado un refuerzo de 450 millones de pesos para un grupo inicial de instituciones. Ahora, el alcance se extenderá a más organizaciones en toda la provincia.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse telefónicamente o vía correo electrónico con la Dirección de Discapacidad provincial, donde se brindará información sobre requisitos y proceso de solicitud.