Concordia reorganiza su política de vivienda: disuelve el INVyTAM y centraliza en Obras Públicas

El municipio de Concordia avanzó en su proceso de ordenamiento y modernización del Estado con la aprobación del proyecto de ordenanza que dispone la disolución del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM). La planificación urbana y las políticas de acceso a la tierra, la vivienda y la regularización dominial se integrarán a la Secretaría de Obras Públicas.

Desde el Ejecutivo se enfatizó que la medida no elimina programas ni derechos, sino que los unifica bajo una misma órbita técnica para lograr un desarrollo urbano más ordenado. El objetivo declarado es que las soluciones habitacionales lleguen acompañadas por planificación, infraestructura y un uso responsable de los recursos públicos.

Diagnóstico y fundamentos

La decisión se apoya en un análisis técnico que detectó problemas estructurales en el funcionamiento del Instituto, tanto en lo financiero como en lo administrativo y operativo. Uno de los puntos centrales es la falta de autonomía económica: solo el 6,6% del presupuesto proviene de ingresos genuinos, mientras que el resto depende en gran medida de aportes municipales.

El informe también señala que más del 60% del presupuesto se nutre de programas antiguos con obras inconclusas o sin cierre administrativo, lo que limita la capacidad operativa. A esto se suma la superposición de funciones con áreas municipales y un desorden administrativo derivado de la coexistencia de múltiples sistemas de registro, que dificulta el control y el seguimiento de pagos.

El relevamiento expuso, además, impactos directos sobre los beneficiarios. En distintos barrios, durante procesos de urbanización realizados mediante planes nacionales en 2017 y 2022, se ejecutaron redes internas de agua y cloaca sin construir previamente los nexos que las vincularan con las redes troncales de la ciudad. También se adjudicaron terrenos sin asegurar condiciones mínimas de infraestructura, como acceso al agua potable, saneamiento y electricidad. Los niveles de incobrabilidad de los programas alcanzan en algunos casos entre el 50% y el 75%.

Implementación y continuidad

Con la integración de funciones en Obras Públicas, el municipio busca planificar loteos junto con la infraestructura necesaria, evitar obras inconclusas, mejorar los controles administrativos y financieros y optimizar el uso de los recursos públicos. La centralización pretende unificar criterios, plazos y sistemas de seguimiento para aumentar la eficiencia y la transparencia.

Las autoridades municipales remarcaron que las obras en ejecución continuarán con normalidad y que los programas vigentes seguirán activos. Se respetarán los derechos adquiridos y no se interrumpirán los procesos administrativos en curso. Además, los cobros de los convenios de pago activos continuarán gestionándose en la Dirección de Rentas.

La medida se inscribe en una política más amplia de modernización del Estado local, con la meta de asegurar resultados verificables y que las soluciones habitacionales lleguen efectivamente a los vecinos, integrando infraestructura, planificación y administración responsable.